Es en medio de la consternación que ha provocado el asesinato del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma, durante un procedimiento de fiscalización en la comuna de Santiago, que el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció que pedirán prisión preventiva a todos los extranjeros que sean detenidos y no porten su cédula de identidad.

“Necesitamos avanzar en reglas más claras y más precisas en lo que se refiere a la identificación de extranjeros indocumentados. Tenemos un problema grave, que entorpece las investigaciones, con los extranjeros que no portan cédula nacional de identidad. Vamos a pedirle al Ministerio de Justicia que adopte todas las medidas para poder contar con un sistema eficaz”, manifestó el persecutor, frente a una medida que, si bien regirá en la Región Metropolitana, podría ampliarse a todo el país.

En conversación con nuestro medio, la académica de la Facultad de Derecho y de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Rita Lages, cuestionó el procedimiento y señaló que ante “la gravedad de lo trágico que puede resultar la muerte de cualquier persona, sobre todo si se da en circunstancias como las que ocurrieron con el carabinero, la respuesta a esa tragedia no me parece la más correcta, porque para resolver un problema se está creando otro, con consecuencias que pueden ser trágicas para las personas, en este caso extranjeras, que puedan ser objeto de esta prisión preventiva”.

Para la abogada “una cosa es la existencia de delincuencia de personas que pueden cometer ilícitos, que pueden ser tanto nacionales como extranjeras. Por lo tanto, en cualquier respuesta a temas de criminalidad el objetivo debiera ser evitar la delincuencia”.

Bajo ese contexto consideró que la iniciativa impulsada por la Fiscalía es “contraria a la propia Ley de Migración, porque la nueva ley establece un principio que es el de no criminalización de la migración. Eso significa que lo que estamos viendo es que esta medida apunta a la criminalización de la irregularidad y sabemos que el no tener documentación personal, sea pasaporte o RUN es algo específicamente para los extranjeros, por lo tanto, además, es discriminatoria”.

También manifestó que “me parece desproporcional porque, si estamos hablando de imputados, hay un proceso en donde no hay una decisión definitiva respecto de si la persona cometió o no ese delito”, añadiendo que “en caso de que se llegara a la conclusión de que la persona no cometió ese delito, esa prisión preventiva supone un tiempo difícil de compensar”.

Por otra parte, la académica indicó que “en Chile la situación carcelaria ya es crítica, es decir, que ya es un país que tiene una tasa de personas privadas de libertad muy elevada, hay un claro problema de sobrepoblación. Entonces, esto puede implicar un agravamiento de la situación, que ya es precaria ¿Existen cárceles suficientes para albergar a estas personas en condiciones dignas? Entonces, creo que es una medida que puede generar más problemas en vez de resolver los que hay”.

“Estamos sobrevalorando lo grave que puede ser la situación, porque esa ‘hiperbolización’ de la realidad, por grave o por preocupante que pueda ser, puede generar una suerte de espiral descendente, porque siempre nos vamos a sentir inseguros y siempre vamos a requerir más medidas. Si se aprueban o deciden que van a actuar, en un mes o un año más las personas probablemente van a sentirlas como insuficientes”, mencionó.

Es por esta razón que Lages manifestó su preocupación, puesto que “lo que estamos viendo es que ese discurso es siempre por oposición a la libertad, es decir, que la respuesta para tener más seguridad es menos libertad, porque hay mayores controles de otro tipo y la verdad es que si es así tengo la sensación de que la seguridad siempre va a prevalecer y podemos llegar a un contexto en que todos vamos a ser objeto de medidas de privación de libertad. Entonces, vamos por un camino muy peligroso”.

En ese sentido, explicó que “en países en donde se ha tratado el tema de la irregularidad migratoria y de la delincuencia de esta forma no se ha resuelto ninguna cosa ni la otra”.

“Basta ver países como Estados Unidos, por ejemplo, donde medidas de este tipo y otras aún más graves se aplicaron, pero siguen teniendo un porcentaje importante de personas en situación irregular y siguen teniendo problemas de delincuencia. Me temo que estas medidas no van a resolver ninguno de estos fenómenos, ni la migración ni la delincuencia”, recalcó.