Mientras la población reclusa femenina aumenta a través de los años, también han aumentado las exigencias en infraestructura dentro de los centros penitenciarios.

Como respuesta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, junto al subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, presentaron en una ceremonia el plan de trabajo “condiciones carcelarias de mujeres privadas de libertad” que detalla propuestas de acción y medidas a tomar para mejorar situaciones de esta población, como la habitabilidad.

De hecho, parte del programa considera reacondicionar módulos y la rehabilitación de espacios. El ministro Luis Cordero, recalcó que este plan “contempla medidas de corto, mediano y largo plazo en distintos ejes, pero fundamentalmente en mecanismos con enfoque de género, tanto en infraestructura como en la inserción“.

En total los ejes que abarcan el programa son condiciones de habitabilidad e infraestructura, atención de salud integral, prestaciones de reinserción social, procedimientos penitenciarios y medidas para grupos de especial consideración.

Por su parte, el subsecretario Jaime Gajardo señaló que el principal norte de este plan es tener condiciones adecuadas en las cárceles con enfoque en los derechos humanos y trabajar en que las mujeres puedan reinsertarse a la sociedad. 

“Este plan está priorizado para el grupo de mujeres que se encuentran en el marco de un plan de reforma penitenciaria que no solo tiene urgencia hacerse cargo de la vulneración de los derechos humanos que ocurren al interior de las cárceles, sino que también de la necesaria mejora de los procesos que fomenta la reinserción social, de tal manera de contribuir efectivamente a la disminución de la reincidencia”, declaró Gajardo.

Además, destacó que la infraestructura femenina es distinta de las condiciones necesarias para el sexo masculino. “Son diferentes porque en el caso femenino. Por ejemplo, tenemos 125 mujeres privadas de libertan que tienen niños menores de dos años o se encuentran embarazadas. Y las condiciones, por ende, para atender esa situación específica son muy diferentes de las condiciones que requiere el resto de la población”, agregó Gajardo.

El plan fue recibido de manera simbólica por la Jefa de la Oficina en Chile de ONU Mujeres, Gabriela Rosero Moncayo y la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello.

Desde ONU Mujeres, Rosero celebró la introducción de la perspectiva de género en la formulación de políticas públicas respecto a personas privadas de libertad  y dijo que lo entienden como una “invitación del Estado de Chile a reorganizar el sistema penitenciario desde los derechos humanos”.

La organización que trabaja por la educación en violencia de género, señaló en la instancia que este punto también es relevante “ya que las mujeres privadas de la libertad se caracterizan por haber sufrido diferentes tipos de violencias a lo largo de sus trayectorias de vida antes de ingresar al sistema penitenciario y, en mayor proporción que las mujeres que no se encuentran privadas de la libertad”. 

“Esta diferencia de género es tan importante en todos los aspectos de la vida. El mundo dentro de las cárceles para mujeres es totalmente distinto y por eso necesitamos un enfoque”, agregó la Fiscal Judicial de la Corte Suprema.

El Director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, manifestó que “todas estas medidas presentadas hoy apuntan a mejorar las condiciones de habitabilidad, el trato hacia las mujeres y fortalecer el servicio que brindamos desde Gendarmería, reconociendo la importancia de la perspectiva de género en nuestro trabajo diario”, subrayó.