Una serie de hallazgos determino la auditoría realizada por la Contraloría General en el municipio de Recoleta que encabeza el alcalde Daniel Jadue y que objetó el traspaso de 600 millones de pesos debido a falta de justificaciones y convenios, así como la ausencia del control correspondiente por parte del edil y otros diez funcionarios de la casa edilicia.

Así lo señaló el contralor Jorge Bermúdez quien indicó que el proceso evaluó la entrega de dichos recursos a la Asociación de Farmacias Populares.

“Hicimos una auditoría, es decir, tratamos de determinar cuál era la situación de los traspasos que se habían hecho de recursos desde la municipalidad a esta Asociación de Farmacias Populares. Esa auditoría arrojó que había deficiencias, había montos sin justificar y había una serie de observaciones”, precisó el jefe del servicio.

Por lo anterior, explicó que “determinamos que podía haber responsabilidad administrativa o disciplinaria y se inició un proceso de investigación disciplinaria, un sumario administrativo que tiene una fase muy importante que concluye con la notificación de los cargos que fue el 6 de julio”.

En ese sentido comentó que “hay distintos montos que hay que determinar, pero aproximadamente eran unos 600 millones en total de las transacciones. No quiere decir que eso sea una cantidad de recursos que se haya defraudado o se haya perdido. Lo que estoy diciendo es que ese es el monto que fue objetado producto de la auditoría”.

Bermúdez enumeró que “hay gastos que no fueron acreditados, hay convenios que faltan, hay falta de supervisión desde el punto de vista jerárquico. Todo eso está en la auditoría”.

El contralor explicó además que “hay una fase de descargos que está corriendo el plazo” que es de 10 días hábiles y que concluye este jueves 20 de julio.

Asimismo, sostuvo que “la responsabilidad de los alcaldes la determina en definitiva lo que haga el concejo comunal porque ellos son los que tienen la legitimación. Es decir, pueden llevar al alcalde al Tribunal Electoral Regional para que sea el que determine la sanción y la responsabilidad”.

Es decir, “la Contraloría constata el hecho, determina que hay responsabilidad, pero el concejo municipal es el que tiene que ir al TER”, puntualizó Bermúdez.

Por ahora, señaló que “tenemos que ver cuál es la defensa que hace. Tenemos que analizar cargos, descargos y luego tomar una decisión”.

Consultado si hay otros municipios donde se estén realizando investigaciones similares, Bermúdez señaló que también hay auditorías sobre el tema en las municipalidades de Macul y Paillaco en la Región de Los Ríos, a los que se suma Senadis que “es uno de los organismos que recibió transferencias desde la Asociación de Farmacias Populares”, señaló.