Luego de terminada la sesión donde el Tribunal Constitucional revisó el requerimiento presentado por un grupo de senadores en contra de la Comisión Asesora en Desinformación, el órgano jurisdiccional informó la suspensión de su pronunciamiento.

Durante casi dos horas el pleno de los ministros del TC escuchó los alegatos a favor y en contra de la causa presentada por el Senado de la República que busca declarar como “inconstitucional” la instalación de la entidad por parte del Ejecutivo. 

En representación de los senadores reclamantes, el abogado Arturo Fermandois expuso los argumentos que respaldaron al requerimiento. El Senado cree existe una inconstitucionalidad en el Decreto Supremo Número 12 que dio origen a la comisión asesora, principalmente, porque dicha instancia estaría trasgrediendo el derecho a la libertad de expresión pero, además, alegan es una competencia estricta del Congreso Nacional el debatir y legislar en materia de desinformación.

En esa línea, el abogado Fermandois insistió en que “esta es una materia tan delicada que está restrictamente reservada a la ley porque el artículo 19 número 12 de la Constitución inciso primero dispone la libertad de emitir opinión e informar en cualquier forma y por cualquier medio sin censura previa de conformidad a la ley la que deberá ser de quórum calificado”.

“Creemos que esto está en el campo de los abusos, la desinformación es un mal moderno muy complejo que hay que enfrentar, pero la Constitución pide que todo lo que sea relativo a los abusos esté previsto en una ley“, añadió el reclamante.

En tanto, desde la parte en representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Presidente de la República, la abogada y exministra de la secretaría general de la Presidencia, Paulina Veloso, argumentó que no existe en la comisión asesora ningún tipo de transgresión contra un mandato constitucional.

“No hay una sola palabra y, es más, para poder llegar a la conclusión que transgrede la Constitución Política primero hace una figura, algo así como crea un diablo y después le pega a ese diablo, porque dice en el texto del requerimiento -así como también en el alegato- ciertas palabras que no usa en ninguna parte el Decreto Supremo número 12″, afirmó la abogada.

“Dice, por ejemplo, que sus funciones le van a permitir calificar discursos, hacer incluso un listado, si eso no aparece en absoluto, está muy lejano a lo que está propuesto en el Decreto Supremo número doce“, argumentó la exministra.

Luego de escuchados los alegatos, los integrantes del órgano determinaron dar a conocer su decisión en los próximos días.