Ecuador celebrará este domingo sus elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias, inmerso en una profunda y compleja crisis de seguridad, que tuvo uno de sus episodios más trágicos en el reciente asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. 

Pese a ello, más de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir a los nuevos integrantes de la Presidencia, la Vicepresidencia y la Asamblea Nacional (Parlamento). 

El asesinato de Villavicencio hizo que llegara a la carrera presidencial una ola de violencia política que ya había cobrado antes la vida de otros candidatos, entre ellos el alcalde de Manta, Agustín Intriago, en febrero. 

Ahora, y como consecuencia del mortal atentado sufrido por Villavicencio, los comicios se desarrollarán en medio de un estado de excepción constitucional decretado por el Gobierno durante 60 días en todo el territorio nacional, lo que eleva a un nivel sin precedentes el fenómeno de violencia en el que está sumido Ecuador. 

Esto implica el despliegue de las Fuerzas Armadas, para apoyar a cerca de 60 mil policías en la mantención del orden interno, y la suspensión de algunos derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilio. 

Estas elecciones extraordinarias nacen del mecanismo constitucional invocado de forma inédita por el presidente Guillermo Lasso en mayo pasado, denominado “muerte cruzada”, que le permitió disolver el Parlamento, de mayoría opositora, cuando éste se aprestaba a votar su destitución, forzando de esa forma la convocatoria a estos comicios extraordinarios.

En otra faceta de la violencia que vive por estos días América Latina, Naciones Unidas instó a que se tomen medidas urgentes para el envío a Haití de una fuerza multinacional -que no pertenezca a la ONU- pero que ayude a la seguridad. 

Desde enero, 2.439 personas murieron, otras 902 resultaron heridas y 951 fueron secuestradas en acciones criminales como consecuencia de la violencia desarrollada por las pandillas de delincuentes. 

Además, la situación ha llegado a tanto que los movimientos de “justicia popular” o de autodefensa se han multiplicado y crecido rápidamente, a tal punto que desde el 24 de abril hasta mediados de agosto, más de 350 individuos fueron linchados por la población local y grupos de autodefensa.

De éstos, 310 eran miembros de pandillas criminales, uno era policía y de los otros 39 se desconoce filiación. La información fue proporcionada este viernes por Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk. 

Haití está sumido desde hace años en una grave crisis humanitaria, económica y política y desde 2016 no celebra elecciones. Esto ha favorecido el surgimiento de las pandillas, que controlan alrededor de 80 % de la capital Puerto Príncipe, donde los crímenes violentos son frecuentes. 

Este viernes, en Ginebra, el alto funcionario de Naciones Unidas pidió, una vez más: “Deben protegerse los derechos humanos del pueblo haitiano, y reducir su sufrimiento”.

Una voz que parece -cada vez más- clamar en el desierto.