El presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), Ricardo Díaz (ex RD), se refirió al encuentro nacional de la entidad en Valdivia donde se debaten las restricciones en el uso de fondos públicos a los GOREs planteadas en la Ley de Presupuesto 2024 a raíz del caso Convenios.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Díaz señaló que en la legislación presupuestaria “más que poner elementos de mayor transparencia o de mayor control, derechamente lo que se está haciendo es quitando facultades, entorpeciendo el funcionamiento, bloqueando las garantías constitucionales que tenemos para poder ejercer nuestra labor”.

Consultado por los casos de traspasos de recursos cuestionadas en gobernaciones como La Araucanía, del Biobío y Los Lagos, el presidente de la Agorechi afirmó que estas situaciones responden a “la falacia de la generalización indebida“.

“Tú has tenido efectivamente casos que corresponde al mal actuar de fundaciones, cuando el señor Ancalao se le pasan recursos para un fin y él los utiliza para comprar un CFT, esa es responsabilidad del señor Ancalao, pero aquí se traslada la culpa al Gobierno Regional de Los Lagos”, señaló.

Como factor clave para las irregularidades en las transferencias de recursos públicos, Díaz apuntó contra el rol de la entidad superior fiscalizadora del Estado. “Todos esos convenios fueron visados por Contraloría, aquí Contraloría después de que se descubre que no ha fiscalizado adecuadamente, después -para limpiar su imagen- comienza a levantar un manto de dudas y cuestiona a todas las fundaciones y a todos los gobiernos regionales”, señaló.

Respecto a la auditoría realizada en la Gobernación de Antofagasta, Díaz señaló que “en mi caso yo he sido cuestionado por un convenio, un convenio que yo he demostrado que actuamos en probidad, el mismo informe dice ayer que las faltas han sido administrativas, pero no hay ninguna falta a la probidad, derivación a la Fiscalía, connotación de delito. Un convenio por sobre 400 que nosotros firmamos”.

“Acá lo que hay es una sobrerreacción. Nosotros los gobernadores estamos de acuerdo con mayor control, es más, en la Ley de Rentas Regionales nosotros ponemos un capítulo de mayor exigencias, por ejemplo, si se está faltando a la probidad: intervención del ministerio de Hacienda en los gobiernos regionales“, declaró.

En su lugar, el Presupuesto 2024 propone que cada cartera en las materias respectivas revise los programas propuestos por los GOREs y que, además, el Consejo Regional tome cuenta de todos los traspasos de recursos a entidades privadas. Eso sí, advirtió que no se cuentan con fondos suficientes para que sesione la instancia.

Por eso, declaró que “se toman medidas que son impracticables, ¿por qué se dice que se quiere mayor control y lo que se hace es simplemente bloquear? Si quisiéramos una mejor actuación de los gobiernos regionales debiéramos fortalecer los equipos de control”.

Si la legislación presupuestaria prospera, el presidente de Agorechi anunció que, en conjunto con municipios, bomberos y organizaciones sociales, “vamos a ir al Tribunal Constitucional a pedir la inconstitucionalidad de esta Ley porque lo que está haciendo es restringiendo las labores que nos da la Ley (para los GOREs)”.

Cabe destacar que como diagnóstico a las limitaciones planteadas a las máximas autoridades regionales, Díaz apuntó a una “lucha de poder” respecto de parlamentarios, de todos los tintes políticos, que no creen en la descentralización. “Les guste o no, los gobernadores y gobernadoras de Chile son aquellos que tienen más votos en las regiones, después del Presidente, y eso ha molestado y generado resquemor. Y, por eso, es que quieren inhibir la labor”, declaró.

“Cada vez que se intenta dar poder a un territorio aparecen casos de corrupción, denuncias para tratar de controlar, porque nos cuesta asumir los cambios, que los territorios puedan tener ciertos espacios de autonomía. Es la ciudadanía la que pide mayor descentralización”, concluyó.

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