Luego de que Contraloría revelara patrones en las irregularidades de transferencias de recursos detectadas en secretarías de Vivienda y Urbanismo de 15 regiones del país, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apeló a que responde a una “debilidad institucional” que no se originó en la actual administración.
En referencia al Programa de Asentamientos Precarios -creada en 2019-, bajo el que se enmarcan los convenios cuestionados entre organismos públicos y entidades privadas, Vallejo señaló que “tiene que ver con una debilidad institucional cuyo diseño se originó no en este gobierno, sino que en el anterior y que da cuenta de una brecha institucional que permite que quienes tengan intenciones de otro tipo puedan defraudar al fisco y eso es lo que constata el informe”.
Por lo demás, la secretaria de Estado destacó que los antecedentes entregados por Contraloría son “muy coincidentes con el diagnóstico que el propio ministro de Vivienda manifestó y expuso en el Congreso Nacional cuando se le convocó para hablar del caso Convenios”.
“Es decir, tanto el diagnóstico es consistente con lo que hemos dicho como las sugerencias de medidas a adoptar: estándares de mayor regulación, control central, fiscalización, transparencia en la Ley de Presupuesto y a propósito de los resultados de la Comisión Jara Quemada”, sostuvo.
Frente a cuestionamientos de que se creó un “mecanismo” para desfalcar al Estado, la vocera de Gobierno señaló que “esto no tiene que ver con un modus operandi, sino que una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi y, por lo tanto, para evitar que se dé hay que cerrar las brechas institucionales y eso es lo que estamos haciendo”.
Sobre las críticas que han sido levantadas contra el ministro Carlos Montes, por ser el jefe de la cartera de Vivienda y Urbanismo, evaluando pedir su renuncia, Vallejo respondió que “la oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias frente a estos casos”.
“Aquí tenemos casos, que no están circunscritos en un solo sector político y, en segundo lugar, la responsabilidad de actuar, o sea, centrémonos en las acciones frente a la agenda legislativa que hemos propuesto. Necesitamos la aprobación de las medidas, son más de mil medidas en la Ley de Presupuesto para enfrentar con acciones estas debilidades institucionales”, cuestionó.
Por último, la secretaria de Estado solicitó a la oposición que como autoridades políticas “asuman la responsabilidad, la tarea que tienen como representantes en acortar las brechas y en ayudar a que estas cosas no vuelvan a suceder, dado además que el diseño de esta forma de transferencias de recursos vino del gobierno de su propio sector”.
