“Inhumano, degradante y cruel”, con estas palabras la fiscal de la Corte Superna Mónica Maldonado calificó el año 2009 las condiciones de los reos que permanecen en las cárceles chilenas, al entregar su primer informe sobre el tema, donde denunció que el hacinamiento y las deficiencias sanitarias eran de tal magnitud que hacían el sistema insostenible.

Y justamente la preocupación por la situación carcelaria fue un tema incluido en las propuestas de Indulto Bicentenario que presentaron las Iglesias Católica y Evangélica, y que también abordó el Presidente Sebastián Piñera al anunciar que emprenderá “una reingeniería y modernización de nuestro sistema penitenciario”, lo que implicaría mejorar las condiciones en que se mantienen los presos y los gendarmes.

El plan del Gobierno contempla la construcción, ampliación y rediseño de los centros penales, y una amplia revisión de las condiciones de los reclusos con el fin de mejorar la habitabilidad en las cárceles.
Piñera dio un plazo de tres meses al ministro de Justicia, Felipe Bulnes, para resolver el problema del país que, para el actual Gobierno, es responsabilidad la administración anterior.

“Nosotros heredamos un déficit carcelario que es muy sensible, de las quince cárceles anunciadas por los gobiernos anteriores, sólo recibimos siete, eso explica que hoy tengamos tasas de hacinamiento muy importantes”, argumentó Bulnes.

El ministro agregó que, considerando esta situación, el gobierno está trabajando en “mejorar las condiciones de dignidad de los presos porque queremos también favorecer su rehabilitación y su reinserción, y eso supone mejorar los recintos que ya tenemos, generar nuevos y estar permanentemente atentos a cómo podemos mejorar la vida al interior de los penales porque una cosa es que pierda su libertad, pero otra cosa es comprometer su dignidad”.

Entre los anuncios presidenciales destaca también incorporación de  nuevas tecnologías como el brazalete electrónico y la estricta vigilancia domiciliaria, así como el fortalecimiento de las penas alternativas bajo firmes medidas de control.

Sin embargo, los anuncios del Mandatario no fueron suficientes para la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), que a través de su presidente, Pedro Hernández, advirtió que, en la práctica, el Gobierno no está actuando conforme a esos criterios.

“Veo una contradicción en las palabras del Presidente porque reconoce la crisis carcelaria que tenemos, sin embargo, igual el Gobierno recortó este año 2.600 millones a Gendarmería, lo que no contribuye a solucionar los problemas, ni siquiera el hacinamiento, que provoca altos niveles de agresividad contra nuestros funcionarios”, denunció Hernández.

El presidente de la Anfup indicó que hace años que vienen denunciando la falta de seguridad de los edificios del sistema tradicional y su insuficiencia para contener a la población penal, mientras incluso en las cárceles concesionadas existe un intolerable nivel de hacinamiento.

La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, indicó en una entrevista del Centro de Derechos Humanos de nuestra Universidad, que más allá del hacinamiento, la profundidad de la crisis del sistema carcelario se expresa también en el desconocimiento de la dignidad de las personas, la violencia por parte de otros internos y la forma que se aplican las sanciones disciplinarias.

Por su parte, Claudia Sarmiento, abogada del centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile advirtió que el Poder Judicial carece de las facultades y los recursos con los que cuenta el Ejecutivo para solucionar esta situación y que se necesita establecer un marco legal al respecto.

Además, se refirió a las condiciones denigrantes que se viven en las cárceles  señalando que “el nivel de hacinamiento es realmente preocupante, las condiciones inhumanas en las que viven las y los internos atentan contra la dignidad. Es un problema para las personas que viven en condiciones de hacinamiento y para sus familias, pero sobre todo para el país ¿Qué dice sobre un país que nosotros permitamos que vivan tantas personas en esas situaciones en los penales? Es una situación que debería herir la conciencia y la dignidad de todos nosotros”.

En tanto, la abogada Pamela Pereira indicó que si todo el debate que generó la propuesta de la Iglesia Católica es bien conducido, se transforma en una oportunidad para una propuesta bicentenaria que se haga cargo de la situación que se vive día a día en las cárceles de nuestro país.