De manera específica, los familiares de los jóvenes quieren que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les entregue 800 folios que fueron detectados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el personal castrense se niega a proporcionar. Se trata de documentos que habrían sido elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del Ejército, que cuentan con un número de identificación (folio), y que contienen datos concretos sobre lo ocurrido con los normalistas.
La entrega de esos 800 folios, junto con el regreso a México del GIEI, fue la respuesta de los padres de los estudiantes desaparecidos ante la oferta oficial que prometía darles acceso a todos los archivos que posee el Poder Ejecutivo federal sobre el caso Ayotzinapa. “Abrir los archivos no nos llevaría a nada. Lo que nosotros estamos pidiendo son los 800 folios faltantes que el Ejército mexicano no ha entregado”, precisó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas.
El 29 de diciembre recién pasado, Félix Medina, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ), hizo pública una carta enviada a los familiares de los estudiantes en la que se detalla que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la “apertura inmediata de los archivos” del caso. Esta oferta luego fue reiterada en un breve comunicado en el que la COVAJ asegura que el gobierno federal “abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos”. No obstante, debido a que “es importante que los procesos no se alarguen por tiempo indefinido”, la actual administración estableció un plazo, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024, para que los padres tengan acceso a los archivos mencionados.
Esta propuesta no fue aceptada por lo familiares de los jóvenes, pues “los archivos ya se abrieron, se revisaron desde el año 2019, 2020, 2021, y se obtuvo información relevante, sin embargo falta, y lo que falta son esos 800 folios”, reitera Rosales. Así, la posición de los padres de familia “es no volver otra vez al tema de la revisión, de la apertura de los cuarteles, de los archivos, sino que el gobierno pueda entregar, pueda poner a disposición de la Comisión estos 800 folios, y que además pueda estar el GIEI en su revisión”, debido a que fueron esos expertos los que localizaron los documentos aludidos, añadió el abogado. En uno de los 800 folios que solicitan los padres de los normalistas se menciona que 17 estudiantes fueron llevados, la noche del 26 de septiembre de 2014, a un lugar fuera del municipio de Iguala, Guerrero. Los estaban trasladando de las camionetas de la policía municipal a un sitio en donde los habrían privado de la vida.
Esa información está contenida en una hoja tamaño carta en la que se reporta, de manera incompleta, una comunicación telefónica intervenida por el Ejército, de acuerdo con las investigaciones que hasta el año pasado realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Otros documentos “son radiogramas del Ejército mexicano donde ellos intervinieron teléfonos, y dan cuenta de personas que están conversando, algunos de ellos son actores claves en la desaparición, gente de la banda delictual “Guerreros Unidos”, policías y otras personas no identificadas que hablan de lo que estaba ocurriendo esa noche, la del 26 de septiembre”, detalla Vidulfo Rosales.
En octubre de 2023, la COVAJ, que entonces presidía el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional había entregado a esa Comisión un total de 17,061 fojas. Entre esas cuartillas se identificaron 18 folios de los 800 solicitados por los padres de los normalistas. Seis de esos 18 documentos se elaboraron antes del 26 de septiembre de 2014; cuatro están fechados el día de la desaparición de los estudiantes, “y ocho registran sucesos posteriores”, de acuerdo con el último informe elaborado por Encinas antes de su renuncia en octubre del año pasado.
Por su parte, funcionarios de la Sedena “dicen que ya entregaron todo, que ellos no tienen nada”, refiere Rosales, por eso -insiste- “no necesitamos que abran los archivos, necesitamos que pongan a disposición esos 800 folios” para que puedan ser revisados.
Cabe aclarar que en septiembre de 2023, en el noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes, el gobierno federal hizo públicos -al menos parcialmente- los mensajes que interceptó en 2014 la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). En esos archivos varios militares aparecen vinculados con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, dedicado al tráfico de drogas, principalmente heroína.
Si bien hoy sabemos que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue posible porque ese cartel mantenía una red de cooptación que involucraba a autoridades en los tres niveles de gobierno, sigue sin conocerse el destino y paradero de los estudiantes. Sus padres tienen la esperanza de que los documentos faltantes contengan pistas para encontrarlos en este 2024.
