A propósito del comentado caso de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que en nuestro país existe “un abuso de la prisión preventiva”.

La otrora edil está cumpliendo un arresto domiciliario total en el marco de una investigación judicial por fraude al fisco, pese a que la Fiscalía pidió como medida cautelar la prisión preventiva. Es en ese contexto que el ministro Cordero indicó que del total de personas privadas de libertad en Chile “hay 60% condenadas y 40% en prisión preventiva”.

Para corroborar dichos datos, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con expertos en la materia, que además de coincidir con el diagnóstico del titular de Justicia, explicaron cuáles son los principales problemas de mantener a una alta cantidad de personas en prisión preventiva.

De acuerdo a la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, una de las dificultades que trae aparejado el abuso de la prisión preventiva, es que puede aumentar los índices de criminalidad.

“Las malas condiciones carcelarias son un factor criminógeno favorable al aumento de la delincuencia, no solo respecto de aquellos que ingresan teniendo un bajo compromiso delictual, porque aprenden de los que tienen un alto compromiso delictual, sino que también respecto de los que tienen un alto nivel de compromiso delictual, porque empiezan las pugnas por el control territorial al interior de los recintos carcelarios”, señaló Villegas.

“En los países latinoamericanos en los que se ha usado el derecho penal como el primer recurso para enfrentar la delincuencia, las cárceles han terminado siendo un territorio dónde no gobierna la autoridad. Ya no es un lugar de custodios, sino que es un lugar donde es el crimen organizado el que gobierna y con consecuencias desastrosas, sobre todo cuando se ven noticias sobre motines”, afirmó la académica.

Por su parte, el director territorial de la ONG Leasur, Mauricio Flores, mencionó tanto el hacinamiento al interior de las cárceles, como la posibilidad de que quienes estén en prisión preventiva terminen siendo inocentes.

“Hay una alta tasa de gente que está privada de libertad, en prisión preventiva y que luego termina siendo inocente. Entonces, creo que tendríamos que tener un mayor resguardo respecto a quien decidimos aplicarle la máxima sanción. Al final, esta gente puede estar privada por lo que dura una investigación, pueden ser dos años e imaginate sale inocente, ¿qué pasa con esos dos años? ¿Quién los devuelve”, cuestionó.

Flores además relevó el hecho de que las personas privadas de libertad con la medida cautelar de prisión preventiva, están limitadas incluso dentro del espacio carcelario.

“Las personas en prisión preventiva no pueden acceder a ciertas cosas, como sí lo hace la gente condenada. Por ejemplo, en Santiago Sur, la expenitenciaria, la gente en prisión preventiva no puede tomar cursos de nada ni hacer ninguna actividad, porque no se le puede hacer un proceso de reinserción, porque en teoría no es culpable de algo. Entonces, son personas que quedan en el aire, haciendo nada”, acusó.

En cuanto a las posibles medidas que podrían tomarse para revertir las cifras de prisión preventiva, la académica de la Universidad de Chile y el integrante de Leasur coincidieron en que la clave está en cambiar la manera en que se está legislando. Ambos expertos dieron cuenta de que establecer en las leyes penas de cárcel para los delitos, aumenta las posibilidades de que las personas investigadas terminen en prisión preventiva.

“Yo creo que en la medida en que el Congreso siga aprobando leyes que alteran el sistema de determinación de penas, no es posible cambiar la situación, pero, si uno pudiera pensar en otro tipo de medidas, hay otros mecanismos de sujeción al control que podrían usarse, por ejemplo, tobilleras, arrestos domiciliarios, los arraigos, etcétera”, sugirió Villegas.

Caso Barriga: ¿hay sesgo de clase?

Respecto al caso de Cathy Barriga, Mauricio Flores reconoció que este incluso pone en aprietos a aquellas personas que se consideran a sí mismas como garantistas o anti cárcel. A su juicio, el hecho de que se le concediera arresto domiciliario a la exalcaldesa, pone en evidencia que “existe un sesgo de clase para dictar o no dictar prisión preventiva”.

“No digo que Cathy Barriga a mi juicio tenga que estar privada de libertad, porque al final la ley explica que lamentablemente el delito económico no tiene pena de cárcel o si la tiene es muy baja. Barriga no cumple con ciertos requisitos, pero entonces, ocupemos el mismo criterio para todas las personas de las que estamos discutiendo”, instó.

Myrna Villegas, en tanto, subrayó que uno de los argumentos de la defensa de Barriga “fue el hecho de que ella era madre cuidadora de un hijo con una condición especial”. 

“Y yo me pregunto cuántas presas preventivas tienen hijos con condiciones especiales que hoy en día están siendo cuidados por sus abuelas o por sus hermanas o por sus tías o que han sido internados en residencias familiares y para esas presas, no han existido este tipo de posibilidades, incluso condenadas”, apuntó.

Para Villegas también es importante, a la luz de los hechos, recordar el caso de Lorenza Cayuhan, mujer mapuche que dio a luz engrillada y que dio lugar al proyecto de Ley Sayén.

“Ese proyecto solo hace referencia a la posibilidad de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva o una condena a pena privativa de libertad, cuando se trata de mujeres embarazadas o madres de hijos menores de dos años. Ese no es el caso de la señora Barriga, entonces, visto así, que incluso de aprobarse la ley Sayen, una situación como la de la señora Barriga quedaría fuera de la norma, a mi me parece que es bastante evidente que hay un sesgo de clase”, concluyó.