Mientras la reforma de pensiones aguarda, jubilación de las FF.AA. aumentó en un 30% en los últimos 20 años

18 meses han pasado desde que el Ejecutivo ingresó el proyecto al Congreso Nacional y aún no se sabe cuándo se votará en el Senado. La reforma ha sufrido varias modificaciones. Pese a lo anterior, aún no hay acuerdos entre la oposición y el Gobierno.

18 meses han pasado desde que el Ejecutivo ingresó el proyecto al Congreso Nacional y aún no se sabe cuándo se votará en el Senado. La reforma ha sufrido varias modificaciones. Pese a lo anterior, aún no hay acuerdos entre la oposición y el Gobierno.

“Quiero presentarles, por medio de esta cadena nacional, la Reforma de Pensiones comprometida por nuestro Gobierno que, una vez aprobada, mejorará sustantivamente las pensiones de todas las personas. De 2 millones de compatriotas que hoy reciben su jubilación, y también las de cada una de las personas que se jubilarán el día de mañana”, señaló el Presidente Gabriel Boric el 2 de noviembre de 2022.

Entre los objetivos de la reforma destacaban mejorar las pensiones actuales y futuras, valorar el trabajo personal, fortalecer la libertad de elección de los afiliados, crear un sistema mixto, incorporar el aporte de los empleadores y dejar atrás el sistema extremo que se ha mantenido en el país en los últimos 40 años.

Sin embargo, a casi 2 años del anuncio, la discusión sigue en el Parlamento y suma nuevas polémicas entre el oficialismo y la oposición que deja la incertidumbre de cuándo podría votarse el proyecto o si será aprobado o no.

Un nuevo capítulo en las tensiones del debate previsional se abrió esta semana entre la oposición y el Gobierno. En medio del portazo que propinó la derecha a la idea de votar en general la reforma de pensiones en mayo, el Ejecutivo lanzó un spot publicitario llamado “Mejores Pensiones para Chile”, buscando informar los beneficios de la iniciativa y destacando la creación de un seguro social.

Pese a que el clip advierte que “es un proyecto de ley sujeto a discusión y aprobación en el Congreso Nacional”, como mandata la ley N°19.032, para Chile Vamos y el Partido Republicano se transgrede la normativa vigente al considerar que -a su juicio- la ley se remite a políticas públicas en ejecución y no en estado de trámite.

Por lo mismo, la oposición acudió este miércoles hasta la Contraloría General de la República en busca de un dictamen.

Luis Mesina, quien fue vocero de la Coordinadora No+AFP durante el 2016, año en que millones de personas marcharon para terminar con el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, lamentó el rol que ha adoptado el Gobierno: “Ha caído en términos de seguir intentando buscar un acuerdo con la derecha, acuerdos que no van a llegar, solo si el Gobierno cede en términos de seguir transfiriendo más salario de los trabajadores al mercado financiero”.

“No hay ninguna posibilidad y eso nos parece a nosotros una aberración, por eso hemos señalado que el Gobierno debiera tener una decisión mucho más fuerte y retirar este proyecto e insistir en su propuesta original, presentada el 07 de noviembre del año 2022, donde planteaba un seguro social y sobre esa base obligar a la derecha a votar y que quede ante la evidencia pública quién está por mantener este sistema y quién está por avanzar en una transformación en su sistema público y seguridad social”, zanjó.

Mientras el Gobierno y la oposición intensifican las negociaciones para llegar a un acuerdo que permita destrabar la discusión de la reforma de pensiones, el encarecimiento de la vida y la baja jubilación de millones de chilenos, hacen insostenible el modelo actual heredado por la dictadura.

Santiago Rosselot, economista e investigador de Fundación Sol, explicó que el sistema de AFP se implementó en mayo de 1981, como una de las medidas estrellas de la dictadura cívico militar. “El ministro de Pinochet, José Piñera, fue el gran impulsor bajo la doctrina y las ideas de Milton Friedman y el neoliberalismo”.

“Se implementó en Chile un sistema de pensiones privado que dé capitalización individual. Es decir, cada persona invierte sus cotizaciones previsionales en una cuenta individual a su nombre y luego se rentabilizan en el mercado de capitales y en base a su rendimiento individual, recibe una pensión”, detalló.

En esa línea, explicó que los militares y las fuerzas de orden decidieron quedarse por fuera de este nuevo sistema. “Por un lado, son quienes promueven este sistema y lo implementan para la gran mayoría de trabajadores en Chile. Pero, por otro lado, se mantienen fuera. Eso llama la atención porque es otra estructura, no es un sistema de capitalización individual donde tu pensión depende de cuánto ahorras y cómo le fue en el mercado de capitales, que es algo difícil de predecir, sino que, por el contrario, acá hay cifras bastantes conocidas y un beneficio conocido si tú cumples ciertos años de cotización, o de servicio en este caso en las fuerzas armadas y del orden, sabes cuánto va será la pensión de tu jubilación de antemano”, agregó.

“Esto se prestaría para muchas críticas en el sentido de que los militares quedarían marginados de la ley. Hay que buscar otras fórmulas que podrían redactar los señores abogados, quienes tienen que redactar algo que deje encubierto lo que vamos hacer. De lo contrario, vamos a quedar muy mal frente a la ciudadanía”, decía el exdictador Augusto Pinochet en la discusión acerca de la implementación del sistema de las AFP.

En el estudio actualizado de la Fundación Sol denominado “Pensiones por la fuerza: Resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden”, se deja en evidencia cómo las cotizaciones de las instituciones armadas se han elevado durante los últimos 20 años en desmedro de las entregadas por las AFP.

El informe, señala que al establecer una comparación entre el monto de las pensiones recibidas por los jubilados de las Fuerzas Armadas y de Orden y los civiles que han cotizado en el sistema de capitalización individual administrado por las AFP, los resultados son concluyentes: la pensión de antigüedad promedio de Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) es 3,3 veces mayor a la pensión de vejez promedio que pagan las AFP y las Compañías de Seguro (habiendo cotizado entre 25 y 30 años e incluyendo el subsidio estatal a través de la Pensión Garantizada Universal o el Aporte Previsional Solidario). Brecha que llega a cuatro si se compara con Gendarmería y 4,4 veces con Investigaciones.

En el caso de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), esta brecha llega a 2,9 veces a la pensión promedio de vejez pagada por el sistema privado. De hecho, a diciembre de 2023, CAPREDENA pagó 104.578 pensiones, con un monto promedio de $1.187.809.

Respecto a las pensiones pagadas por CAPREDENA según grado jerárquico del Cuadro Permanente, la categoría que concentra el mayor número corresponde a Suboficial con un monto promedio de $1.358.764. Las pensiones más altas corresponden al grado de Suboficial Mayor, que paga 6.595 pensiones por un monto promedio de $1.559.226 y, por el contrario, las más bajas corresponden al grado de Conscripto, que paga 674 pensiones por un monto promedio de $394.431.

“Como un primer acercamiento vemos que las cifras son muy superiores, más allá de la proporción, en el caso del sistema de AFP, la cifra que se paga en 20 y 25 años de cotización en promedio es de 480 mil pesos, apenas supera el salario mínimo. Esto considera los aportes que hace el Estado a través de la PGU o el Pilar Solidario. Si se considerara a las AFP, el monto sería mucho menor”, detalló Rosselot.

En esa línea, detalló que las AFP no pueden garantizar por su propia estructura pensiones. Además, agregó que el informe pone en evidencia “como un sistema permite garantizar una pensión digna; mientras que, el otro deja en manos del mercado y la intervención del Estado, manera parche, sostener el sistema”.

Respecto del porqué no todos los trabajadores del país pueden estar en un sistema como el de las Fuerzas Armadas, el economista señaló de que se trata de un “problema político”.

“Acá estamos viendo una disyuntiva que es más bien política, acá hemos visto en varias ocasiones el estrecho vínculo que hay entre los políticos de este país y el empresariado. Entonces la hipótesis que hay detrás es que es político. El interés que hay detrás no es pagar pensiones, sino que tiene que ver con poder garantizar que esos recursos estén en las grandes empresas y en los grandes grupos económicos”, cerró.





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