En el marco de una convocatoria de movilización a nivel nacional en todas las contralorías del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto al Colegio de Profesoras y Profesores, y representantes de la Mesa del Sector Público, entre otras organizaciones sindicales, llegaron nuevamente hasta Teatinos 56 para ingresar una solicitud de “reconsideración” tras el polémico dictamen sobre “confianza legítima” que la actual contralora general de la República, Dorothy Pérez, emitió a días de ser ratificada en el cargo por el Senado.
En su primera definición, Pérez estableció que la “confianza legítima” de funcionarios públicos a contrata debe ser decidida por tribunales y no por la Contraloría. Éste se trata de un principio que protege a los funcionarios asegurando que no sean despedidos arbitrariamente después de varios años de servicio. Sin embargo, ahora será necesario que los tribunales evalúen cada caso individualmente para determinar si se ha generado este razonamiento.
Por ello, desde los gremios se declaran en “estado de alerta”. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, declaró que “estamos colocando una reconsideración en todas las contralorías a nivel nacional para pedirle a la contralora que recapacite y que piense en los trabajadores y trabajadoras”.
“Que no les quite el único derecho a defenderse que tienen que es la Contraloría y que nos pase a tribunales donde lamentablemente hoy día vamos a tener que esperar largos meses, más de seis, hasta un año para poder tener resoluciones”, subrayó.
#Noticia | ANEF y MSP-CUT protestan en Contraloría y piden revertir medida que cambia criterio de confianza legítima
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— ANEF (@anefchile) November 12, 2024
El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, calificó el dictamen como un “grave retroceso en los derechos laborales básicos” y cuestionó que se instale, por parte de ciertos sectores, la idea de que los trabajadores públicos tienen condiciones laborales privilegiadas, lo que calificó como “falso“.
“Los trabajadores a contrata del sector público tienen condiciones muy paupérrimas y precarias de trabajo, ni siquiera son las que tienen un trabajador de una pyme, por ejemplo. Si un empresario de pyme contrata a un trabajador, a la segunda renovación ese contrato pasa a ser indefinido en el sector privado, en la empresa por pequeña que sea hay ciertos derechos laborales básicos. El Estado de Chile no garantiza esos derechos a sus propios trabajadores”, sostuvo.
Para Aguilar, la líder del ente autónomo restringe su propio deber de fiscalización al Estado. “La Contralora General de la República se está restando de esa obligación constitucional que tiene y ella tiene la obligación de proteger también a los funcionarios y funcionarias públicos de la arbitrariedad“, dijo.
“Retrotraer el dictamen de confianza legítima es un gravísimo retroceso y nosotros vamos a dar la lucha hasta el final para que ese derecho se restituya“, insistió.
En la oposición han defendido la decisión de la líder del ente contralor. El senador de la UDI, Iván Moreira, cuestionó la movilización convocada por los gremios.
“Piden una reconsideración, pero lo hacen con el estilo de la izquierda, con matonaje, porque eso es lo que buscan, llamando a protestar frente a la Contraloría de un dictamen en su labor de fiscalización que ha dado a conocer la Contraloría General de la República”, declaró.
Desde el Gobierno. La vocera, Camila Vallejo, tomó distancia de este dictamen y recalcó que la Contraloría es un ente autónomo del Poder Ejecutivo. “No responde en función al gobierno y es la contralora la que determinó un dictamen de manera autónoma”, sostuvo.
La movilización es de “carácter ascendente” y desde los gremios no descartan recurrir a algún otro tipo de instrumento. La próxima semana acudirán hasta el Parlamento y advierten que, en el marco de la discusión del reajuste al sector público, manifestarán al Gobierno que “tiene que hacerse cargo de la protección de las y los trabajadores”.
