Luego del debate y un extenso proceso de votación, la Sala de la Cámara de Diputados despachó la partida correspondiente al Ministerio de Educación del proyecto de ley de Presupuestos. Esta cartera, junto con todos sus programas e instituciones dependientes, presentaba la mayor asignación de recursos para el 2025, con un 19,2% del erario nacional.
Dichos recursos estimados eran de 17 billones de pesos con una variación positiva de 3,3%, respecto al presupuesto del año 2024. No obstante, durante la votación se rechazó la reposición de los gastos variables de los 48 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) rebajados por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Independientes y diputados del oficialismo apoyaron a los servicios y plantearon que existe un enorme desafío para el buen funcionamiento de estos por problemas administrativos y de recursos. Además, también enfrentan graves problemas por infraestructura deficiente y la poca flexibilidad presupuestaria.
Sin embargo, para parlamentarios de la UDI, Republicanos y RN esta es una política fracasada y se debe parar o postergar su entrada en vigencia. También reiteraron las críticas al sistema de admisión escolar porque no prioriza los méritos de los estudiantes, no considera la realidad de regiones y se perdió el derecho preferente de los padres de optar por el derecho de educación de sus hijos.
Frente a este cuestionamiento se aprobó la indicación del diputado Sergio Bobadilla (UDI) que suspende para el año 2025 la aplicación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), por 72 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones.
La Sala sí aprobó la reposición de los recursos de las subsecretarías de Educación, Educación Parvularia y Educación Superior que venían rechazados desde la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Durante la discusión de la partida el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció una lista de compromisos para recoger planteamientos esbozados por las y los diputados. Estos se refieren a recuperación de liceos emblemáticos, Junaeb y el programa de útiles escolares; mejoras a las manipuladoras de alimentos para, por ejemplo, fijar los índices de ración en las bases de licitación.
A su vez, instalar una mesa de trabajo para resolver la asignación de zona para los asistentes de educación. Esto fue planteado en sala por diputados de zonas extremas que cuestionaron el no pago del derecho a zona, lo cual constituiría una discriminación respecto del resto de los funcionarios públicos en educación.
Previamente, la Sala respaldó por amplia mayoría las nuevas glosas incorporadas en la Comisión especial Mixta de Presupuestos que establecen que los estudiantes de educación media, universitarios y de CFT e institutos profesionales que participen en hechos asociados a la ley Aula Segura no podrán percibir los beneficios de gratuidad establecidos en la ley 21.091 durante el año 2025.
