En julio pasado, la Contraloría Regional de Aysén dictaminó que los municipios de la Undécima Región debían “abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia”.
Esto, porque las empresas energéticas Hidroaysén y Energía Austral han invertido grandes sumas de dinero para apoyar actividades comunales a través de convenios con los municipios de Coyhaique, Aysén y Cochrane, los mismos que después deben someter a evaluación sus proyectos hidroeléctricos.
Para las organizaciones ambientalistas esto es una maniobra de las empresas para influir sobre las decisiones administrativas de los municipios a través de una política de Responsabilidad Social Empresarial que terminaba beneficiando a la comunidad, como lo indicó Peter Hartmann, director de CODEFF en Aysén.
“Todos los municipios donde actúan las empresas energéticas, tanto HidroAysén como Energía Austral hay un sinnúmero de acciones benéficas de estas compañias. Uno dice, son empresas de energía o son empresas de otro tipo porque están dedicadas al cine, las áreas verdes, ayudarle a construir viviendas a la municipalidad. Por eso lo pusimos en conocimiento de la Contraloría, la que nos respondió que los municipios no podían hacer eso”, indicó el funcionario.
El representante de la organización ambiental explicó que cuando la Contraloría formuló este dictamen obligó a las empresas energéticas a entregar los aportes en dinero directamente a las organizaciones vecinales y sociales que antes eran beneficiadas a través de los municipios.
Ahora, sin embargo, las organizaciones van por más, pues solicitaron a la Contraloría un pronunciamiento respecto de la legalidad de los convenios suscritos por las municipalidades con estas empresas privadas, como lo recalcó Peter Hartmann.
“La Contraloría no determinó nada más, como la suspensión de los convenios, que no podían seguir adelante, ni tampoco adoptó ninguna medida coercitiva. La medida ahora de la Contraloría sería pedirle a los municipios que corte esos convenios y que tome acciones”, señaló Hartmann
Según el artículo 62 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, este tipo de acciones “contravienen especialmente el principio de probidad administrativa”, sobre todo cuando estos organismos después deben emitir informes técnicos sobre los proyectos presentados por estas empresas.
Por eso, las organizaciones exigen que la Contraloría se pronuncie acerca de la legalidad de esos informes especializados emanados de los tres municipios involucrados, los que son finalmente firmados por los alcaldes.
Además esperan que el órgano contralor indique las sanciones administrativas y legales a las cuales puedan exponerse los municipios de Coyhaique, Aysén y Cochrane, involucrados en estos convenios con privados.
En julio pasado, la Contraloría Regional de Aysén dictaminó que los municipios de la Undécima Región debían “abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia”.
Esto, porque las empresas energéticas Hidroaysén y Energía Austral han invertido grandes sumas de dinero para apoyar actividades comunales a través de convenios con los municipios de Coyhaique, Aysén y Cochrane, los mismos que después deben someter a evaluación sus proyectos hidroeléctricos.
Para las organizaciones ambientalistas esto es una maniobra de las empresas para influir sobre las decisiones administrativas de los municipios a través de una política de Responsabilidad Social Empresarial que terminaba beneficiando a la comunidad, como lo indicó Peter Hartmann, director de CODEFF en Aysén.
“Todos los municipios donde actúan las empresas energéticas, tanto HidroAysén como Energía Austral hay un sinnúmero de acciones benéficas de estas compañias. Uno dice, son empresas de energía o son empresas de otro tipo porque están dedicadas al cine, las áreas verdes, ayudarle a construir viviendas a la municipalidad. Por eso lo pusimos en conocimiento de la Contraloría, la que nos respondió que los municipios no podían hacer eso”, indicó el funcionario.
El representante de la organización ambiental explicó que cuando la Contraloría formuló este dictamen obligó a las empresas energéticas a entregar los aportes en dinero directamente a las organizaciones vecinales y sociales que antes eran beneficiadas a través de los municipios.
Ahora, sin embargo, las organizaciones van por más, pues solicitaron a la Contraloría un pronunciamiento respecto de la legalidad de los convenios suscritos por las municipalidades con estas empresas privadas, como lo recalcó Peter Hartmann.
“La Contraloría no determinó nada más, como la suspensión de los convenios, que no podían seguir adelante, ni tampoco adoptó ninguna medida coercitiva. La medida ahora de la Contraloría sería pedirle a los municipios que corte esos convenios y que tome acciones”, señaló Hartmann
Según el artículo 62 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, este tipo de acciones “contravienen especialmente el principio de probidad administrativa”, sobre todo cuando estos organismos después deben emitir informes técnicos sobre los proyectos presentados por estas empresas.
Por eso, las organizaciones exigen que la Contraloría se pronuncie acerca de la legalidad de esos informes especializados emanados de los tres municipios involucrados, los que son finalmente firmados por los alcaldes.
Además esperan que el órgano contralor indique las sanciones administrativas y legales a las cuales puedan exponerse los municipios de Coyhaique, Aysén y Cochrane, involucrados en estos convenios con privados.
En julio pasado, la Contraloría Regional de Aysén dictaminó que los municipios de la Undécima Región debían “abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia”.
Esto, porque las empresas energéticas Hidroaysén y Energía Austral han invertido grandes sumas de dinero para apoyar actividades comunales a través de convenios con los municipios de Coyhaique, Aysén y Cochrane, los mismos que después deben someter a evaluación sus proyectos hidroeléctricos.
Para las organizaciones ambientalistas esto es una maniobra de las empresas para influir sobre las decisiones administrativas de los municipios a través de una política de Responsabilidad Social Empresarial que terminaba beneficiando a la comunidad, como lo indicó Peter Hartmann, director de CODEFF en Aysén.
“Todos los municipios donde actúan las empresas energéticas, tanto HidroAysén como Energía Austral hay un sinnúmero de acciones benéficas de estas compañias. Uno dice, son empresas de energía o son empresas de otro tipo porque están dedicadas al cine, las áreas verdes, ayudarle a construir viviendas a la municipalidad. Por eso lo pusimos en conocimiento de la Contraloría, la que nos respondió que los municipios no podían hacer eso”, indicó el funcionario.
El representante de la organización ambiental explicó que cuando la Contraloría formuló este dictamen obligó a las empresas energéticas a entregar los aportes en dinero directamente a las organizaciones vecinales y sociales que antes eran beneficiadas a través de los municipios.
Ahora, sin embargo, las organizaciones van por más, pues solicitaron a la Contraloría un pronunciamiento respecto de la legalidad de los convenios suscritos por las municipalidades con estas empresas privadas, como lo recalcó Peter Hartmann.
“La Contraloría no determinó nada más, como la suspensión de los convenios, que no podían seguir adelante, ni tampoco adoptó ninguna medida coercitiva. La medida ahora de la Contraloría sería pedirle a los municipios que corte esos convenios y que tome acciones”, señaló Hartmann
Según el artículo 62 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, este tipo de acciones “contravienen especialmente el principio de probidad administrativa”, sobre todo cuando estos organismos después deben emitir informes técnicos sobre los proyectos presentados por estas empresas.
Por eso, las organizaciones exigen que la Contraloría se pronuncie acerca de la legalidad de esos informes especializados emanados de los tres municipios involucrados, los que son finalmente firmados por los alcaldes.
Además esperan que el órgano contralor indique las sanciones administrativas y legales a las cuales puedan exponerse los municipios de Coyhaique, Aysén y Cochrane, involucrados en estos convenios con privados.
