Si bien el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) sostuvo que en las regiones de Atacama y Coquimbo no existen relaves mineros que pudieran colapsar y dañar a la población, reconocieron que no se ha podido relevar toda la información al respecto debido a las consecuencias que el violento temporal ha dejado en la zona. Expertos plantean su preocupación frente a la posibilidad de que algunos de estos depósitos pudieran contaminar las aguas de los cauces, causando graves daños al medioambiente y a la población.
Con el objetivo de decirle basta a la impunidad, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y el Colegio Metropolitano de Profesores, le entregaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz para que revoque los beneficios carcelarios a los dos condenados por el caso Degollados. La entrega se realizó en durante la mañana de este miércoles en las dependencias del máximo tribunal.
Los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias arribaron a las oficinas de SQM, luego que el 8° Juzgado de Garantía autorizara al Ministerio Público a llevar a cabo el allanamiento de las dependencias de la minera no metálica, ubicadas en Las Condes, en busca de los documentos contables del período 2009-2014 que la empresa se negó entregar de manera voluntaria.
El Tribunal Constitucional resolvió, por unanimidad, rechazar el recurso de inaplicabilidad que el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse presentó para impedir que la Fiscalía tuviera acceso a los documentos contables de la empresa, los que fueron entregados al SII.
La directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, María Olivia Mönckeberg conoce en profundidad el origen de la riqueza que ostentan empresas y grupos como Soquimich y Penta, nacidos o fortalecidos en el proceso de privatización durante la dictadura que retrató en su libro de 2001 El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile. La premio nacional de periodismo hoy observa con atención la judicialización de estos dos casos y cómo se han develado los casos de irregularidades en el financiamiento de campañas políticas, de lo cual asegura, la UDI es el principal beneficiario y protagonista.
La imagen internacional de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), continúa en caída libre luego de conocerse la acusación de tres firmas norteamericanas que inculpan a la empresa de aumentar artificialmente sus acciones. La denuncia, a juicio de los abogados de estas compañías, relevaría el financiamiento irregular de las campañas políticas, especialmente a la Unión Democrática Independiente (UDI), como la razón de esta pérdida de credibilidad financiera de SQM.
Detener el abuso de las AFPs, tener acceso a la salud, educación como derechos garantizados, frenar los casos de corrupción, participar políticamente, tener voz, restituir el agua como un bien de uso público, son algunas de las consignas que la ciudadanía dejó en claro en la Plaza de la “Nueva” Constitución como las razones para tener una carta fundamental hecha en democracia. Es así que con una votación simbólica por un plebiscito, Santiago, Valparaíso, Concepción y otras ciudades comenzaron el proceso que tiene como fin hacer realidad la nueva constitución.
Alrededor de las 15:30 hrs. el ex senador de la UDI llegó hasta las dependencias de la Fiscalía a prestar declaraciones por segunda vez en el marco del llamado caso Penta, y tal como en enero pasado hizo efectivo su derecho a guardar silencio frente a los fiscales. Al término de la diligencia, Novoa leyó una declaración pública en la que aseguró que “se ha mediatizado el procedimiento y se ha creado un ambiente acusatorio anticipado”. Por otra parte, desde la Nueva Mayoría, el senador Guido Girardi, descartó que el abogado y militante del PPD, Samuel Donoso, representante del ex gerente de Soquimich, Patricio Contesse, realizara su labor motivado por sus vínculos partidistas.
Hasta el momento hay siete trabajadores que estarían contaminados con asbesto luego de sacar mil doscientas toneladas de ese material de la central Bocamina I de Endesa, en la comuna de Coronel. Estos trabajos fueron presupuestados por la empresa contratista Akeron CAF en un plazo de siete meses, pero se hicieron en la mitad del tiempo, lo que provocó según los trabajadores, que no se aplicaran los protocolos adecuados.
Con carteles, globos y banderas negras, parte de la comunidad de Osorno se manifestó en contra del nuevo obispo de Osorno, sacerdote Juan Barros, durante la ceremonia de investidura, debido a sus vínculos con Fernando Karadima, ex párroco de El Bosque quien fuera acusado de abusos sexuales. Detractores exigen la renuncia del nuevo obispo.
En este escenario de confrontación la Unión Europea ha declarado su intención de promover una intervención política y militar para establecer un gobierno de Unidad Nacional. La lógica detrás de esto radica en la ubicación de Libia en el concierto mediterráneo y el papel que desempeñó en los últimos años del régimen de Gadafi: servir de freno a las oleadas de inmigrantes subsaharianos que buscaban allende el mediterráneo el bienestar que se les negaba en sus pueblos. Sume a ello los fabulosos contratos de explotación de petróleo y gas que se firmaron con empresas europeas.
Tras una maratónica jornada en Cerro Castillo, el Ejecutivo anunció que el proyecto de ley del Plan Nacional Docente será presentado al Congreso en abril. Además, el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, confirmó que la gratuidad universitaria comenzará a regir desde 2016.
El caso Caval continua golpeando al Gobierno, cuando un nuevo contrato entre la empresa de la nuera de la Presidenta y el comprador de los terrenos, por una futura venta salió a la luz y coloca nuevamente en la palestra la relación del dinero con la política. Mientras Renovación Nacional espera que se acoja la denuncia que presentó en contra de Sebastián Dávalos, la ex funcionaria de la Municipalidad de Machalí, Cynthia Ross, el ex director de obras Jorge Silva, y Wilfredo Valdés Ávila actual Seremi de Vivienda de la zona.
Siguen las diligencias en la llamada arista SQM del Caso Penta y la pugna a través de acciones judiciales entre los distintos organismos. Mientras las autoridades políticas están reunidas en Cerro Castillo y no han respondido a los últimos hechos. En tanto, al interior del directorio de la empresa SQM afinan las próximas estrategias.
La defensa del denominado “cartel de los pollos” expuso ante la Corte Suprema de Justicia, a la espera que se acoja la reducción de la multa impuesta por el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que condenó a las compañías en conjunto a pagar 60 millones de dólares. En la instancia, las empresas avícolas, Don Pollo, Agrosuper y Ariztía alegaron inocencia, mientras que el Fiscal Felipe Irarrázaval aseguró que tiene las pruebas que comprueba la colusión.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el ex senador falangista, y actual candidato a la presidencia de la DC, Ricardo Hormazábal, señaló que el comportamiento del Gobierno, en cuanto al rol que debe jugar el SII en el llamado caso Penta, y la arista SQM, ha sido errático. Además sostuvo que la ciudadanía tiene parte importante de responsabilidad en la crisis política ya que con su voto ha permitido que personas “no cumplen los estándares éticos”, lleguen al poder.
La designación del sacerdote Juan Barros Madrid como nuevo obispo de Osorno, continúa levantando críticas entre la clase política de manera transversal. Este jueves, el ex senador por la región de los Lagos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien sostuvo que “la comunidad debe ser escuchada” en relación con el rechazo de gran parte de la población osornina a que Barros tome posesión del más alto cargo eclesiástico de la ciudad. Además se anunció en esta jornada que la misa de despedida al sacerdote Barros que se llevaría a cabo en la catedral castrense de Santiago, fue suspendida.
