El hermano de Cecilia Morel es el gerente general de Hidroñuble, iniciativa que busca intervenir la comuna de San Fabián de Alico con una central de pasada que provocaría destrucción en el territorio y que hoy mantiene a la comunidad movilizada.
Con este resultado los “azules” alcanzan momentáneamente a la Universidad Católica en la punta de la tabla, a la espera del resultado que obtengan los “cruzados” este sábado frente a Colo-Colo.
El vicepresidente de la instancia, Aldo Valle, además señaló que esperan el texto del fallo del Tribunal Constitucional sobre la reforma universitaria, para despejar “algunas dudas”.
Cuando se analiza este conflicto , en ocasiones se hace desde mitos que se han instalado y que se dan por verdades. 1.- El mito del rico avaro y prepotente contra el pobre humano, digno y solidario. Hay quienes analizan la guerra del pacífico y el tratado de 1904 (solicitado y suscrito por Bolivia […]
El grupito de abogados que integran el Tribunal Constitucional (TC), personajes exentos del control de la ciudadanía y que son designados por los partidos políticos con el espurio razonamiento “uno para ti y uno para mí”, decidieron que el artículo 63º de la Ley de Educación Superior no puede aplicarse con lo cual sin chistar aceptaron las […]
Señor Director: Durante largos años he seguido atento y expectante las emisiones de la Radio que Piensa. Me llena, de sano orgullo, disfrutar de una programación diversa e inclusiva, que abre un abanico de posibilidades, esperanzas, pensamientos y realidades que nos convocan hacia una sociedad más sana, íntegra e inclusiva, donde los Derechos Humanos son […]
Con un 95% a favor los trabajadores decidieron iniciar el proceso, el que podría hacerse efectivo dentro de cinco días si es que no llegan a un acuerdo con los empleadores.
Se han cumplido 70 años desde el inicio de la Nakba palestina y con ello el comienzo de un proceso de discriminación, usurpación, expolio y violación de los derechos humanos del pueblo palestino.
Ante las modificaciones anunciadas por el presidente a la cuestionada legislación, son distintos los antecedentes que pesan sobre el Estado chileno en las que se cuestiona la forma y la aplicación de la ley, la que se ha utilizado principalmente contra mapuches.
Pese a que la defensa de Giuseppe Briganti insiste que el proyectil que acabó con la vida de Diego Guzmán y Exequiel Borvarán en una marcha estudiantil en 2015 en Valparaíso fue al aire, desde la Fiscalía acusan que de tener esa intención no hubiera existido homicidio.
La experta en política indígena apuntó a que la aplicación de la Ley Antiterrorista demuestra una visión reducida al tema de fondo, por ello, enfatizó en que se requiere un cambio profundo que responda a todas las comunidades.
La posibilidad de que instituciones privadas puedan recurrir a la objeción de conciencia y a la vez recibir aportes públicos, movilizó al Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría por la limitación implícita que puso el gobierno al derecho de las mujeres.
El órgano fiscalizador ya había determinado en enero de este año que la medida impulsada por el cuestionado Jaime Campos no se apegaba a la legalidad, la que establece que la separación o fusión de estos cargos es competencia del Presidente de la República.
Un grupo de abogados presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia que acusa el incumplimiento del Estado chileno en la reparación de las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura. La abogada representante de las víctimas, Paz Becerra, indicó que la presentación no es tan sólo una medida judicial, sino que también es una herramienta de presión política.
Querella y maltrato a vendedores ambulantes marcan la semana para el pueblo mapuche. Dirigentes y afectados criticaron los hechos, mientras en paralelo los ex encarcelados en la Operación Huracán esperan el fallo de la Suprema por el sobreseimiento definitivo.
Un grupo de diputados gremialistas apuntó a las presuntas presiones que habría ejercido Ana Lya Uriarte para favorecer al fiscal Luis Toledo con su nombramiento como notario. Por otra parte, la diputada Carmen Hertz calificó como “desleal” e “ignorante” al ex ministro Jaime Campos, luego que éste reconociera que se negó a firmar un decreto que cerraba la cárcel de Punta Peuco.
En dos años el Estado destinó más de $6 mil millones para pequeños y medianos empresarios que han perdido bienes en ataques incendiarios. Los requisitos son ser propietario del material afectado y tributar en primera categoría, ni siquiera un proceso judicial acabado.
