Este domingo dos marchas se tomaron el centro de la ciudad. Una para manifestarse contra del mega proyecto hidroeléctrico Alto Maipo y otra para rechazar las vulneraciones a los derechos de los niños y adolescentes de Sename.
Asociación ilícita terrorista e incendios son los delitos que el Ministerio Público busca acreditar, pero hasta el momento, más allá de las pruebas obtenidas a través de la Ley de Inteligencia, los persecutores no tendrían elementos importantes que fundamenten las acusaciones.
El acceso por Vía Roja al Cerro Manquehue será clausurado antes de fin de año. Las razones que esgrimen los dueños del terreno aluden a un fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, han sido varios actores los que han salido a decir que el cierre no responde en absoluto al fallo de la Corte, sino que a los intereses inmobiliarios de Arturo Lyon, propietario de los faldeos.
La abogada argentina María Leoni, miembro del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y representante de la familia de Álex Lemún ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que lo más importante es que la Comisión exija al Estado chileno garantías para que esto no vuelva a ocurrir.
El Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos entregó las conclusiones contenidas en la misión de observación realizada la primera semana de octubre. Según explicitaron, los imputados en el caso no deben recibir condena por las fallas estructurales del juicio.
El emblemático proceso judicial se encuentra en sus últimos días, puesto que actualmente las partes entregan los alegatos de clausura para esperar el fallo del tribunal, el que podría concretarse durante este viernes o el próximo lunes.
Desde el mundo político y también desde comunidades mapuches reaccionaron al fallo de la Corte Suprema que ordenó la libertad inmediata de los perseguidos por la Operación Huracán. Griselda Calhueque, esposa de Jaime Huenchullán, relata que la alegría tras la orden de liberar a su marido se entremezcla con el temor a nuevas arremetidas judiciales en contra de los mapuches. Ahora el Ministerio Público deberá buscar nuevas pruebas para intentar acreditar la serie de delitos imputados.
En la lista se encuentra el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, Miguel Estay Reyno procesado por el caso degollados y el brigadier (r) Miguel Krassnoff quien cumple 20 condenas por crímenes de lesa humanidad.
Se trata de Reinalda Pereira, quien tenía 29 años y cinco meses de embarazo al momento de su desaparición en diciembre de 1976. Hasta la fecha se desconoce su paradero, ni si dio a luz a su hijo. Las condenas van desde los cuatro a los diez años de presidio. Esto, a 41 años de ocurridos los hechos.
Durante la mañana del martes se realizaron los alegatos respecto del recurso de amparo que busca anular la medida cautelar que mantiene encarcelados a ocho dirigentes mapuches. El Máximo Tribunal debería entregar su resolución durante las próximas horas.
Rey Cortés es el tercer militar condenado por crímenes contra los derechos humanos que se quita la vida: en 2013 lo hizo Odlanier Mena y en 2015, Hernán Ramírez Rurange.
Investigación de Radio y Diario Universidad de Chile identificó en el listado de financistas al mayor en retiro del Ejército, condenado por la justicia Jorge Alberto Reyes Morel, que se suma a personalidades como el abogado Hermógenes Pérez de Arce, el director de Gasco, Matías Pérez Cruz, y el hombre cercano a Eliodoro Matte, Patricio Claro Grez.
Este martes la Corte Suprema revisará las medidas cautelares de los ocho imputados en la denominada “Operación Huracán”. Esto, a raíz del recurso de amparo interpuesto por la defensa de los acusados. En la antesala de esta audiencia, familiares de los detenidos solicitaron reunirse con el presidente del Máximo Tribunal para expresarle sus reparos frente a las acusaciones y al procedimiento llevado a cabo por las policías.
La campaña de la ONG Leasur acusa la inconstitucionalidad en la que caen los procesos eleccionarios chilenos al privar del derecho a voto a quienes no se encuentren condenados a pena aflictiva. “En Chile ningún preso puede votar, independiente de su condición”, subrayan.
Según el oficio entregado por la policía al Ministerio Público, la Corte Temuco permitió que las aplicaciones telefónicas fueran intervenidas a partir del 9 de agosto. Sin embargo, en los antecedentes entregados por la unidad de inteligencia para decretar la prisión preventiva por delito terrorista, datan desde el 1 de agosto, fecha en que no existía el permiso.
