El senador de la DC fue sobreseido en el marco de la investigación de los aportes de empresas pesqueras a campañas políticas, luego de la decisión que este lunes tomó la Corte de Apelaciones de Coyhaique aduciendo que faltan argumentos para acusar a Patricio Walker.
El Juzgado de Garantía de Rancagua determinó mantener las medidas cautelares para los socios de Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, quienes fueron formalizados este viernes por el delito de estafa. No obstante, el fiscal Emiliano Arias fue enfático al señalar que de comprobarse los ilícitos, la nuera de la Presidenta Bachelet arriesga una condena de cinco años y un día de cárcel efectiva.
Luego que el fiscal Pablo Gómez advirtiera que podría ampliarse en meses la indagatoria de la arista que aborda la tramitación del proyecto de royalty minero, el abogado querellante, Matías Ramírez, criticó la dilación en las indagatorias que lleva el persecutor en el proceso que tiene como involucrado al ex ministro Pablo Longueira.
Pese a la oposición de la Fiscalía, este jueves el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición hecha por la defensa del ex senador de la UDI, formalizado en el marco del caso Corpesca, para poder pasar las vacaciones junto a sus hijos en el balneario del Lago Llanquihue. Con esta decisión, Orpis podrá permanecer desde el 15 de enero hasta el 1 de marzo en Frutillar.
A ocho meses del vertimiento de salmones descompuestos en las aguas de Ancud, los pobladores de Chiloé acusan a las autoridades de estar coludidos con las empresas de salmones. No conocen el real impacto de la contaminación en sus aguas y aseguran que hay trato discriminatorio en el proceso judicial que emprenden contra los funcionarios públicos y las empresas.
Desde la Comisión Ética contra la Tortura condenaron el actuar de Carabineros, considerando que Painevilo denunció al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 por torturas, según explicó su presidenta Juana Aguilera
El Colegio Médico y el Instituto Nacional de Derechos Humanos además visitaron a la machi Francisca Linconao y a los otros cinco presos de la cárcel de Temuco que habían iniciado huelga de hambre para exigir la liberación de la autoridad mapuche. Ahora, ambas instituciones entregarán informes médicos y técnicos de cada situación.
Jurista de derechos Humanos, Cristian Cruz indicó que la resolución reafirma esperanzas de justicia, a pesar de la impunidad que se pretende instalar en favor de los acusados.
Con una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el parlamentario comunista quiere acabar con la cuestionada normativa. Una de sus pruebas es el caso de joven mapuche baleado después de un control.
En la instancia, el fiscal Marcos Emilfork deberá demostrar los apremios ilegítimos provocados por los funcionarios del CEAD de Galvarino. Por primera vez en la historia de la justicia local, se aplicará este artículo en un caso de defensa de niños.
La víctima de uno de los casos más recordados de la dictadura cívico-militar reflexiona sobre su vida, el perdón y los beneficios carcelarios: “El perdón es un acto individual, de cada persona que vivió el daño. A mí no me lo pidan, mientras no se cumplan requisitos mínimos como sociedad. Y pueda descansar pensando que el Chile que le entreguemos a las futuras generaciones ¡nunca más vivirá el horror de una dictadura!”
Para la ex militante del MIR el “perdón” de Punta Peuco no es más que una máscara con la que se pretende tapar la irrupción de nuevas fuerzas sociales, por eso condena el actuar de la clase dirigente que no manifiesta voluntad política para cumplir el programa de DDHH: “No entiendo qué impedimento hace que la Presidenta no pueda realizarlo, no lo entiendo”.
El diputado de la DC Iván Flores apuntó a la posible responsabilidad que le cabe al organismo persecutor en el proceso investigativo que terminó con el cierre de las indagatorias en el llamado caso de la colusión de los pañales y que redundaría en que las empresas Kimberly Clark y CMPC quedarían sin sanciones.
El ex jefe operativo de la CNI fue trasladado este mediodía por personal de Gendarmería al penal de Punta Peuco luego que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección presentado por su defensa el puso fin a poco más de un año de estancia en la Cárcel de Alta Seguridad.
Este viernes, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) decretó el cierre de la investigación por el caso de la colusión de los pañales porque los antecedentes recabados señalan que los efectos de la concertación de precios no se prolongan más allá de 2009, por lo que los eventuales delitos están prescritos y no corresponden iniciar acciones legales.
