Se trata de Cristián Levinao y Rodrigo Melinao, éste último asesinado el año pasado en Ercilla, cuyas causas fueron desestimadas por el tribunal de Angol. Hermano de la víctima criticó el actuar de la Fiscalía.
Agrupaciones de fiscales desestimaron la justificación del Ministerio de Hacienda para no entregar la suma de 850 millones de pesos destinada para ascensos. Mientras que la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip) sostiene que las promociones estaban contempladas hace tiempo en el presupuesto nacional, la Asociación Nacional de Fiscales responsabiliza a la crisis al interior de la Fiscalía.
Víctor Queipul es lonko de la comunidad Temucuicui Autónoma y tío de Patricio Queipul, quien tenía quince años cuando fue acusado del atentado al Peaje Quino. El líder mapuche asegura que casos como el de Raúl Castro Antipán, agente infiltrado de Carabineros y testigo protegido de la Fiscalía cuyo testimonio ha apresado a decenas de mapuches, son una estrategia del ministerio del Interior en la zona, por lo que anunció que exigirán a Carabineros y al Estado asumir su responsabilidad.
Preocupación existe entre quienes se han relacionado por tanto tiempo con las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Esta vez se trata del actuar de las Salas de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago, las que entre el tres y el diez de febrero de este año han decretado la libertad bajo fianza de seis importantes torturadores y cómplices de la dictadura.
La cuestionada ley antiterrorista permite que, bajo la declaración de testigos protegidos como Raúl Castro Antipán, infiltrado por Carabineros en las comunidades de La Araucanía, líderes mapuche puedan ser inculpados de delitos sin saber por qué. Así les sucedió a dos jóvenes que fueron finalmente absueltos por tribunales, por lo que su defensa anunció la presentación de una querella contra el Estado.
La declaración de un testigo protegido que confesó haberse infiltrado en las comunidades mapuche para realizar atentados incendiarios, por instrucciones de Carabineros, marcó el juicio a dos menores de edad acusados bajo la ley antiterrorista, quienes fueron finalmente absueltos.
Entre las categorías del estudio se encuentra acceso a la justicia, fortalecimiento institucional, eficiencia, eficacia y efectividad, ejecución de la sentencia, entre otros, y que en su conjunto dan la valoración de la institución judicial.
Las relaciones entre los Gobiernos de Chile y Bolivia no pasan por un buen momento, considerando la demanda interpuesta por el país altiplánico, así como el tono de las declaraciones entre las autoridades de ambos países. Sin embargo, analistas internacionales proyectan mejores condiciones y acercamientos al diálogo a partir del Gobierno de Michelle Bachelet, descartando la posibilidad de la Corte Internacional de Justicia de la Haya como una instancia de solución.
David Riquelme Ruiz habría sido golpeado hasta la muerte por cinco infantes de Marina la noche del 10 de marzo de 2010, cuando salió a comprar cigarros con un amigo en toque de queda. Su familia demandó al Fisco por 800 millones de pesos.
En un comunicado público el machi hizo un llamado a las comunidades mapuches para que sigan “ejerciendo el legítimo derecho a la libertad, a reivindicar la pertenencia de nuestros antepasados para la reconstrucción de la nación mapuche”.
Endesa Chile, dueña del proyecto Bocamina, anunció que la Superintendencia de Medio Ambiente levantó la suspensión de operaciones del proyecto termoeléctrico ubicado en la comuna de Coronel, región del Biobío. Ante esto, las organizaciones de pescadores artesanales se mostraron en contra, ya que denuncian falta de fiscalización desde el organismo.
Las denuncias en contra de las autoridades del Sename, así como la reciente muerte de una niña de 10 meses en uno de los centros de atención en Copiapó, continúan generando repercusiones. Mientras este jueves un grupo de integrantes de la Corporación Sofini se tomó la sede de Unicef Chile, trabajadores del Sename insistieron en la responsabilidad del Estado.
Dos reclusos del penal Santiago 1 fueron asesinados en una pelea al interior del recinto, en el cual dos gendarmes estaban a cargo de un grupo de 150 internos. Esta situación da cuenta de las consecuencias negativas del sistema de cárceles concesionadas instalado en el país, así como de un problema integral al interior de Gendarmería.
Luego que saliera la luz pública los beneficios penitenciaros de salida diaria a dos ex oficiales de Carabineros condenados por el “Caso Degollados”, familiares de las víctimas solicitaron a las autoridades de ministerio de Justicia investigar y culpar debidamente a los violadores de derechos humanos.
Según la institución estatal, la demanda colectiva busca que se condene al Banco Santander al pago de las máximas multas por cada infracción, que algunas cláusulas de sus contratos hipotecarios se declaren nulas y se condene a la institución al pago de las devoluciones e indemnizaciones que correspondan a las personas perjudicados por estas prácticas abusivas.
