Además de ser víctimas de los métodos de tortura efectuados contra todos quienes pasaron por los múltiples centros de exterminio de la dictadura, más de tres mil mujeres sufrieron violencia sexual por parte de agentes del Estado. Pese a ello, hasta el momento solo se han presentado cinco querellas criminales y los torturadores siguen refugiándose en los pactos de silencio y la impunidad. Tanto las víctimas como las organizaciones de derechos humanos apuntan a la necesidad de visibilizar este delito, ante el peligro de que se naturalice y se repita.
Aludiendo responsabilidades institucionales, los tres profesionales que acusan al sacerdote Fernando Karadima de abusar sexualmente de ellos presentaron una demanda contra el Arzobispado de Santiago. En un breve comunicado, la autoridad eclesiástica metropolitana insistió en asegurar que ha colaborado permanentemente con la justicia.
El Comité de la ONU contra la Discriminación Racial pidió al estado chileno “acelerar el proceso de restitución de tierras ancestrales” y proporcionar a los pueblos indígenas los recursos que les permitan proteger sus tierras y recursos, conforme a la legislación internacional. A juicio de la instancia internacional, es preocupante que las tierras entregadas hasta el momento sean “improductivas y difíciles de aprovechar”.
El ministerio del Interior presentó un plan de seguridad enfocado en distintos sectores de Santiago, buscando con ello prevenir actos de violencia durante la conmemoración del 11 de septiembre. No obstante, los dirigentes vecinales denuncian que la delincuencia se mantiene y discrepan de medidas que, para ellos, sólo buscan atemorizar a los vecinos.
Mientras se procede al llenado de la que será la tercera central hidroeléctrica en funcionamiento en la región del Biobío, se realizan estudios de impactos ambientales de un cuarto megaproyecto energético. Ante esa realidad, los vecinos se organizan para solicitar regulación y detención de estas represas.
A pesar de los pactos de silencio que operan al interior de las Fuerzas Armadas, los nombres de los pilotos que organizaron, coordinaron y ejecutaron el brutal bombardeo al palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973 son un secreto a voces. Sin embargo, ninguno de ellos ha enfrentado a la justicia y continúan sin colaborar, negando su participación y la de sus compañeros y siendo calificados como “héroes” por la Fuerza Aérea.
Luego de la negativa de la oposición parlamentaria a asistir al acto conmemorativo en La Moneda, por los 40 años del Golpe de Estado, el Ejecutivo cursaría durante esta jornada invitaciones a los candidatos presidenciales y ex ministros de
Las organizaciones de uniformados en retiro que estuvieron en contra del golpe de Estado de 1973 plantean que se debe rechazar el concepto de guerra que justificaría los crímenes de la dictadura, se eliminen las condecoraciones a militares y civiles, por su participación en acciones vinculadas al golpe, que se derogue la Ley de Amnistía y que las FF.AA. entreguen toda la información sobre los desaparecidos.
El 17° Juzgado Civil de Santiago condenó a los representantes de la empresa aérea Air Madrid por infracción a la Ley de Protección del Consumidor (LPC), por la serie de suspensiones de vuelos, ocurrida en diciembre de 2006, con motivo de la quiebra de la aerolínea. En la causa, la magistrada Rocío Pérez Gamboa acogió […]
El diputado de la DC Gabriel Silber, uno de los primeros querellantes cuando se destapó el escándalo por la colusión de las farmacias reconoció que los acusados no van a ir a la cárcel y que las penas para los delitos de “cuello y corbata” son muy bajas. En tanto, desde los consumidores se enfatizó la importancia de la demanda civil que busca la devolución de los dineros a los miles de afectados con cargo al patrimonio de las cadenas farmacéuticas por 27 mil millones de pesos.
El Golpe de Estado de 1973 anuló facultades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y se discute la real independencia que mostró el Poder Judicial. Expertos en el tema establecen que el rechazo a miles de recursos de amparo y la amnistía sobre distintos crímenes evidencian una posición condescendiente de la Corte Suprema con la Junta Militar, un rol que sólo luego de varios años de transición permitió una viabilidad en las acusaciones contra violadores a los derechos humanos.
Este libro “El despertar de los cuervos. Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile” llegó a ser tending topic la semana pasada, luego de que el autor y algunos de los entrevistados en el texto, asistieran a un programa de televisión y contaran en directo sus experiencias en el centro de tortura. Tema que fue ampliamente comentado por el impacto de las declaraciones.
Para vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, esta celebración cobra una especial significación al cumplirse 40 años del Golpe Militar. Sin embargo, organizaciones alertan que las desapariciones forzadas no se remiten únicamente a la dictadura, puesto que también ha habido casos en democracia.
En fallo unánime los ministros de la Sexta Sala del tribunal de alzada Mauricio Silva, Jorge Zepeda y el abogado integrante determinaron revocar la decisión del 8 de julio pasado y ordenar la realización de una nueva audiencia de preparación de juicio Oral para el bullado caso de la colusión de las cadenas de farmacias, que en conjunto concentran el 90% del mercado de los remedios.
Luego de conocerse el uso de sustancias químicas de exterminio durante el régimen militar, los abogados de derechos humanos recalcan la importancia de sumar antecedentes a investigaciones que aún no están cerradas. No obstante, existe molestia ante la eliminación de las ampollas de toxina botulínica encontradas en el Instituto de Salud Pública, el 2008, un hallazgo que podría ser contrastado con los exámenes tanatológicos de ejecutados durante ese período.