Como parte de su balance, que consideró la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, el Fiscal Nacional también apuntó a la incertidumbre frente al proyecto de ley de fortalecimiento institucional. Fiscales aseguran que el Ministerio Público enfrenta una grave crisis, mientras que organizaciones de derechos humanos rechazan el uso de testigos cuando se invoca la Ley Antiterrorista.
Este martes se realizará la primera marcha nacional e internacional de apoyo a los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, mientras dirigentes denuncian intentos del Gobierno de dividir a los comuneros. Por otro lado, hoy se revisa la solicitud de abonar condenas a los dos principales líderes de la CAM, Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo.
Mientras el proyecto de reforma procesal civil permanece en el Congreso, el Poder Judicial avanza en su modernización, dejando en claro que los procesos no dependen de una reforma. Esto, luego del anuncio para acelerar las causas civiles y limitar su tramitación a un año. Desde el ámbito académico, consideran que “los jueces no tienen herramientas para cumplir esos plazos”.
El bombardeo del 11 de septiembre de 1973 al Palacio de La Moneda será investigado como crimen. Eventualmente podría derivar de ahí el delito de homicidio frustrado o tortura, contra el Presidente Salvador Allende. La noticia ha sido recibida como una arista novedosa en la investigación, por cuanto desmitifica estigmatizaciones instaladas durante la dictadura, establece una nueva visión en el caso, y podría incluso significar el fin a la impunidad que gozan los ex miembros de la Fuerza Aérea (FACh), responsabilizados por el ataque.
Luego que el tribunal oral desacreditara el delito de apropiación indebida contra Daniel Yarur, el abogado querellante, Juan Pablo Hermosilla, critica la decisión del tribunal de resolver la causa en el ámbito civil, lo que califica como una situación de impunidad en favor de “las personas que usan corbata de seda”. Desde el ámbito académico, la abogada procesalista plantea que esto no representa ninguna novedad.
El fallo establece el pago de más de 23 millones de pesos por irregularidades durante su gestión, así como una pena de tres años de presidio, aunque recibió el beneficio de libertad vigilada. En el ámbito civil, el Consejo de Defensa del Estado estableció que el empresario debe pagar el total de lo defraudado.
Este viernes concluyó el trabajo de los integrantes de la Comisión Nacional de Verdad en Brasil, como parte del proceso de búsqueda de verdad y justicia, quienes viajaron para conocer la realidad del caso chileno y acceder a archivos judiciales. Los comisionados hicieron un balance y se refirieron a la situación de los países de la región.
El próximo 19 de mayo en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se realizará la audiencia donde la ex diputada por Iquique será formalizada.
El magistrado condenó a los suboficiales en retiro de la Armada Bertalino Castillo Soto y Jaime Lazo Pérez a la pena de tres años y un día de presidio, en calidad de autores de delito de secuestro calificado.
José Mariano Llanca Tori, quien padece de una enfermedad terminal, es uno de los cuatro presos políticos que este jueves cumplen 18 días en huelga de hambre. Si bien han existido acercamientos con las autoridades, los voceros afirman que aún no hay soluciones concretas, mientras aumenta el apoyo a los comuneros desde otras organizaciones de la sociedad civil.
Después del rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento de la UDI y RN, solo falta que el organismo revise el proyecto de Televisión Digital para su promulgación. Pero, ¿en qué condiciones quedaría la implementación de esta tecnología?
Luego de escuchar los alegatos de las defensas de los notarios, Gloria Acharán y Roberto Mosquera, el Tribunal de Alzada adoptó la decisión, además, de suspenderlos por cuatro meses de sus funciones, siendo ésta la máxima sanción a la que se exponían.
El máximo tribunal dará a conocer su decisión el 12 de mayo. En caso de acoger el recurso, deberá realizarse un nuevo juicio contra Celestino Córdova, pero con las mismas pruebas presentadas en el primero.
A propósito de las críticas cruzadas entre los poderes Judicial y Legislativo por la investigación de irregularidades en el Sename, abogados defienden la autonomía de la justicia ante la comisión investigadora, mientras que organizaciones sociales apuntan a la responsabilidad del juez Héctor Carreño al no actuar ante las denuncias de abusos contra menores.
La Defensoría Penal Pública organizó una panel para observar la influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico nacional. Los participantes del encuentro se acercaron a varias conclusiones, la necesidad de integración jurídica al nivel de la macrozona y también que los Estados hagan parte, en una integración más profunda, los criterios que se aplican en el sistema interamericano, de acuerdo a las convenciones internacionales.
