Durante los últimos días en la opinión pública ha reflotado la idea de aplicar pena de muerte para delitos graves, sin embargo, convenios internacionales impiden a Chile volver a imponer esta condena. Además, según declaran los expertos la pena de muerte no tiene mayor incidencia en acabar con ciertos crímenes, sino por el contrario incluso puede llevar a errores irreparables.
De esta forma, el exuniformado regresará a su casa para cumplir la medida de arresto domiciliario total.
Familiares y amigos de las 119 víctimas de la denominada Operación Colombo se reunieron ante Tribunales en repudio al fallo que absolvió a 61 ex agente de la DINA, por su responsabilidad como autores de los secuestros de 16 personas.
La Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Rojas, Rafael Andrade y el abogado (i) Jorge Benítez– confirmó la sentencia que condenó al exdetective José Eduardo Valladares Salazar a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena.
La acción judicial, interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, también va dirigida en contra de Enrique Paris, Jaime Mañalich y Arturo Zuñiga.
El máximo tribunal apuntó que la utilización de estos implementos está regulada por los protocolos de uso de la fuerza, y “es una temática que no puede ser resuelta” por vía judicial.
Con esto, la Justicia chilena dio la razón al Gobierno pese a que expertos, académicos y organizaciones de derechos humanos han acusado la ilegalidad del procedimiento, apelando, sobre todo, al Pacto San José de Costa Rica.
El senador Juan Ignacio Latorre y la diputada Emilia Nuyado, presidentes de las comisiones de DDHH de ambas cámaras, recordaron que distintos organismos internacionales llegaron a la misma conclusión que la exmandataria.
El Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Antonio se encuentra en cuarentena total, debido al brote de coronavirus que afecta a 33 reclusos, situación que está siendo monitoreada por el INDH junto al Colegio Médico.
En su calidad de funcionaria de la ONU, la exmandataria respondió un cuestionario de la fiscal Claudia Perivancich quien investiga los eventuales atropellos a los DDHH desde el inicio del estallido social.
Hoy fueron formalizados y condenados a presión preventiva Francisco Javier Jara Jarpa, Cristian Mauricio Larenas Cisternas y Carlos Alberto López Aguayo, los tres involucrados en la muerte de Emilia, una mujer mapuche, perteneciente al Lof Llazcawe, en el condominio Riñimapu.
El tribunal de alzada aceptó la acción presentada por el organismo de defensa de derechos humanos, y dejó sin efecto la orden de expulsión contra los ciudadanos venezolanos emitida por la Intendencia de Tarapacá.
Para los y las querellantes los sucesivos disparos que terminaron con la muerte del joven malabarista quien se encontraba desarmado, incumplen todos los tratados, leyes, protocolos y circulares que debieron normar el actuar policial.
La Fiscalía imputó por cuasidelito de homicidio y apremios ilegítimos a los funcionarios policiales luego que informe del SML descartara intervención directa de los carabineros en la muerte.
Familiares y abogados de Francisco Martínez acudirán a la Corte Suprema para revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia que rebajó las medidas cautelares del sargento Juan González, ya que una de las ministras que falló a favor del carabinero es madre de un oficial del OS7.
