Sin embargo, en concreto, Orpis pasará aproximadamente tres años tras las rejas ya que, tal como indicara el fallo, se le abonará a la pena el tiempo que ya pasó recluido.
El sacerdote jesuita abordó las largas prisiones preventivas que han tenido que enfrentar decenas de jóvenes a nivel nacional, varios de los cuales ya han comenzado huelgas de hambre para presionar a la justicia a resolver sus causas a la brevedad.
Según el 7° Juzgado de Garantía, quienes dieron el visto bueno a la medida, tendría que ser trasladado en un plazo de treinta días a la sección donde podrá socializar con otros internos y recibir visitas de amigos.
Mario Acuña se encontraba en una manifestación en el contexto del estallido social cuando fue abordado por los uniformados.
La acción en contra de Muñoz había sido presentada por los diputados oficialistas Tomás Fuentes, Camila Flores, Miguel Mellado y Álvaro Carter debido a un video en que la Defensoría de la Niñez invitaba a “saltar los torniquetes”.
Durante los últimos días en la opinión pública ha reflotado la idea de aplicar pena de muerte para delitos graves, sin embargo, convenios internacionales impiden a Chile volver a imponer esta condena. Además, según declaran los expertos la pena de muerte no tiene mayor incidencia en acabar con ciertos crímenes, sino por el contrario incluso puede llevar a errores irreparables.
De esta forma, el exuniformado regresará a su casa para cumplir la medida de arresto domiciliario total.
Familiares y amigos de las 119 víctimas de la denominada Operación Colombo se reunieron ante Tribunales en repudio al fallo que absolvió a 61 ex agente de la DINA, por su responsabilidad como autores de los secuestros de 16 personas.
La Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Rojas, Rafael Andrade y el abogado (i) Jorge Benítez– confirmó la sentencia que condenó al exdetective José Eduardo Valladares Salazar a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena.
La acción judicial, interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, también va dirigida en contra de Enrique Paris, Jaime Mañalich y Arturo Zuñiga.
El máximo tribunal apuntó que la utilización de estos implementos está regulada por los protocolos de uso de la fuerza, y “es una temática que no puede ser resuelta” por vía judicial.
Con esto, la Justicia chilena dio la razón al Gobierno pese a que expertos, académicos y organizaciones de derechos humanos han acusado la ilegalidad del procedimiento, apelando, sobre todo, al Pacto San José de Costa Rica.
El senador Juan Ignacio Latorre y la diputada Emilia Nuyado, presidentes de las comisiones de DDHH de ambas cámaras, recordaron que distintos organismos internacionales llegaron a la misma conclusión que la exmandataria.
El Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Antonio se encuentra en cuarentena total, debido al brote de coronavirus que afecta a 33 reclusos, situación que está siendo monitoreada por el INDH junto al Colegio Médico.
En su calidad de funcionaria de la ONU, la exmandataria respondió un cuestionario de la fiscal Claudia Perivancich quien investiga los eventuales atropellos a los DDHH desde el inicio del estallido social.
