Alejandra Bravo fue denunciada por ofrecer terrenos a cambio de firmar en el nuevo partido de su marido, Eduardo Salas, ex presidente y consejero general del PRI que fue expulsado de la colectividad en abril pasado.
En silencio y sin responder preguntas Alejandra Bravo asistió a la reunión de los días lunes de Chile Vamos. ¿La razón? La fuerte polémica que se produjo en el bloque a raíz de sus dichos sobre la homosexualidad. Este quiebre representa un nuevo obstáculo dentro de la coordinación programática del bloque que deberá resolver sus conflictos internos a la brevedad en el marco de un año marcado por las elecciones presidenciales.
La presidenta del PRI y vocera de Chile Vamos dijo que “un homosexual es alguien que nace con un cuerpo de hombre pero que siente como mujer” y preguntó “por qué tendría que convertirse la sociedad en homosexual”.
De acuerdo a la declaración judicial de la ex tesorera del PRI en el marco de la investigación del caso SQM, Alejandra Bravo, le habría enviado un correo en el cual le consulta por unos pagos realizados por la minera no metálica a su pareja. “De ahí también sale un poco de mi sueldo”, señala la actual presidenta del PRI en el mensaje.
Líderes de los partidos opositores se reunieron con el ministro Jorge Burgos y cuestionaron las facultades del Consejo de Observadores y el nivel de participación que habrá en el proceso.
A pesar de las nuevas revelaciones sobre el intercambio de información entre el ex ministro y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse, desde el bloque opositor se resisten a emitir críticas contra el ex senador de la UDI. Incluso, anticipan la posibilidad de que su caso pase al Tribunal Supremo del partido.
Entre martes y miércoles la Comisión de Constitución de la Cámara debe votar el proyecto de despenalización del aborto en tres causales, por lo que el Gobierno espera que a fines de marzo el proyecto cumpla con su primer trámite constitucional.
El procedimiento abreviado consiste en que un acusado reconozca los hechos que se le imputan con el objetivo de colaborar en la investigación y así bajar la condena del imputado. En tanto, Alejandro Guillier consideró que dicho mecanismo es para sacar provecho y evadir las culpabilidades, además puso énfasis en que existe una responsabilidad de los jueces de complacer a la clase política.
Mientras desde RN plantean que no se puede “avalar actitudes” como los correos entre Pablo Longueira y Patricio Contesse de SQM, tanto en la UDI como en el PRI sostienen que se debe esperar a que actúe la justicia antes que emitir una condena a estos hechos.
