Hace cincuenta años, Brasil vivió un golpe militar que desencadenaría una dictadura de más de dos décadas, en la que se experimentarían los mecanismos de intervención y represión posteriormente aplicados en el resto de América Latina. La simbólica fecha coincide con una sociedad brasileña dividida, adormecida y avergonzada, ante los tímidos avances judiciales en la región que denotan aun más la impunidad en la que han permanecido sus crímenes durante medio siglo.
La querella fue interpuesta en la Corte de Apelaciones a causa de la polémica petición del profesional, de establecer una mesa de diálogo para negociar información sobre crímenes de la dictadura por beneficios carcelarios para los militares en retiro condenados por crímenes de lesa humanidad.
Abogados y víctimas de violaciones a los derechos humanos critican la petición de las viudas de los escoltas de Pinochet de procesar a Guillermo Teillier por el atentado ocurrido en 1986, como un delito de lesa humanidad. “El Estado no ejerció violencia, tortura o fuerza desmedida contra esos escoltas, eso fue una decisión política”, recalcó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.
Desde su fundación en 1946 hasta el año 2012, Chile ha enviado a más de 5.200 militares a la Escuela de las Américas, centro de entrenamiento que instruyó a Manuel Contreras, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann, entre otros connotados violadores a los derechos humanos. Organizaciones exigen el cese del envío de soldados a este centro de instrucción, así como el cierre de la base militar estadounidense de Concón.
Al proyecto de ley presentado el año 2010, se suman las voces de organizaciones que solicitan la degradación de militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. No obstante la iniciativa legal, a su juicio es el propio Ejército el que debiese dar una señal de repudio a este tipo de crímenes y eliminar de sus filas a quienes los cometieron.
El cierre de uno de los dos penales exclusivos para militares condenados por violaciones a los derechos humanos fue valorado por agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, las que, no obstante, exigen el cese de los beneficios para los victimarios. Sin embargo, los familiares de los reos criticaron fuertemente la “deslealtad” del Presidente Pilñera.
Luego de que el Presidente Sebastián Piñera adoptará la decisión del cierre del Penal Cordillera en Peñalolén y el traslado de los militares (r) al centro penitenciario Punta Peuco, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, interpuso un recurso de protección contra la decisión del mandatario. Además, se espera que en el transcurso del día el abogado Jorge Balmaceda interponga otro recurso de protección contra el Jefe de Estado por otros cinco internos.
Agrupaciones de gendarmes y de derechos humanos manifestaron su rechazo a los múltiples beneficios de los diez militares condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en el Penal Cordillera, revelados en el informe de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. Amparados en el principio de igualdad ante la ley, exigen el cierre tanto de ese recinto como de Punta Peuco.
El portavoz de la Corte Suprema confirmó que los jueces que investigan las 1.300 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura tendrán dedicación exclusiva para esos casos. Por ello, se nombrará ministros suplentes en su reemplazo, para que la Corte de Apelaciones tenga su dotación completa.
José Carrasco Tapia se desempeñaba como editor internacional de la revista Análisis hasta el 8 de septiembre de 1986, cuando fue sacado de su casa por agentes de la CNI y acribillado al costado del Cementerio Parque del Recuerdo. Periodistas y familiares aun homenajean su recuerdo, el de la lucha incansable por la libertad de expresión y los derechos humanos.
Negativa es la evaluación de agrupaciones de Derechos Humanos por el avance del actual gobierno, y denunciaron una intención por invisibilizar la lucha por verdad y justicia ante crímenes cometidos en dictadura. Las organizaciones recalcan que el Estado ha retirado beneficios históricos, a poco de cumplirse 40 años del Golpe de Estado.
En Argentina se inició un juicio contra dictadores argentinos y ex militares involucrados en la Operación Cóndor, el plan de terrorismo de Estado que involucró también a las dictaduras de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Perú, durante los años 79 y 80. En Chile, aseguran que el proceso traerá consecuencias que podrían acelerar las causas pendientes que el caso acarrea en el país.
