Ricardo Yáñez se reunió con la ministra Izkia Siches y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde analizaron las denuncias de un eventual intento por “socavar al gobierno” desde la Dipolcar.
Titular del Consejo para la Transparencia apuntó a la relevancia de abordar la crisis de confianza que atraviesa el país y de “fortalecer los marcos normativos e instituciones que son parte del sistema de transparencia, probidad, anticorrupción y rendición de cuentas del Estado”.
Tres son los objetivos que establece esta normativa que el Ejecutivo ordenó revisar durante los próximos días en el Congreso.
Antes fue la intervención extranjera y luego la denominada ‘primera línea’. Ahora, con acceso a sus datos personales, el Gobierno pone el foco en los NNA del Sename como el ‘enemigo poderoso’ que tanto ha buscado. Para el académico Claudio Nash esto transparenta que “nuestros Niños, Niñas y Adolescentes están siendo tratados de la misma manera como se trata a grupos terroristas u organizaciones criminales transnacionales”.
La abogada reaccionó a la denuncia del acuerdo entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Servicio Nacional de Menores. Para ella es fundamental que se revierta a la brevedad un convenio que agudiza, profundiza la estigmatización y criminalización de niños, niñas y adolescentes al cuidado del Estado.
El abogado Luis Masferrer estará al mando de la ANI, el otrora director de Gendarmería deberá impulsar los cambios comprometidos por el Gobierno en esta institución que apuntan a la creación de un sistema de ciberseguridad y la creación de una escuela de Inteligencia.
La policía civil llegó hasta dependencias de los uniformados en Temuco, con el fin de obtener material que aporte a la investigación que inició el Ministerio Público en contra de la institución liderada por el general Bruno Villalobos.
La mujer además añadió que si el vocero de la CAM hubiera sabido con antelación de las investigaciones que realizaba Carabineros a pedido de la ANI por la Operación Huracán, probablemente este se habría mantenido en un lugar más resguardado.
Según el oficio entregado por la policía al Ministerio Público, la Corte Temuco permitió que las aplicaciones telefónicas fueran intervenidas a partir del 9 de agosto. Sin embargo, en los antecedentes entregados por la unidad de inteligencia para decretar la prisión preventiva por delito terrorista, datan desde el 1 de agosto, fecha en que no existía el permiso.
En el proyecto que busca fortalecer las investigaciones sobre estos delitos también se negó ampliar las facultades del Fiscal Nacional, así como el artículo que permitiría al fiscal designado requerir de la Agencia Nacional de Inteligencia toda la información relacionada.
Durante las últimas semanas la oposición ha centrado su agenda política en temas de seguridad: elaboró propuestas para la Araucanía; pidió ampliar la querella contra los detenidos por las bombas en el metro y ahora planteó su posición a la comisión que estudia las modificaciones a la Ley Antiterrorista.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el senador PPD se refirió a la necesidad de reformar la Agencia de Inteligencia Nacional. A su vez, opinó sobre los agentes encubiertos.
El ministerio público recibió los resultados de las pruebas de ADN y las pericias químicas que pondrá a disposición de los tribunales este martes, cuando los tres jóvenes detenidos, sean formalizados por la investigación de los atentados con bombas en las estaciones de metro Los Dominicos y Escuela Militar. Los jóvenes fueron detenidos la madrugada del 18 de septiembre en el marco de allanamientos a tres comunas de Santiago.
El Gobierno mantiene a firme su postura de fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia, con agentes encubiertos. El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, entregó sus argumentos para asegurar que el país necesita esta transformación que permita hacerle frente a supuestos grupos terroristas.
En Radio Universidad de Chile la profesora Myrna Villegas, analizó los efectos sociales y políticos luego del atentado con bomba ocurrido en Subcentro de Las Condes. La experta reflexionó sobre cómo este tipo de hechos influye en la manera de aplicar las políticas de seguridad por parte del Estado y dijo que existe una especie de paranoia colectiva por el terrorismo y que esta es una política diseñada desde Estados Unidos.
Recientemente se formó en el Congreso la llamada “Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado” que comenzó a sesionar este martes con el conflicto en La Araucanía como eje y donde sus sesiones se manejan, por ley, en total secreto. Si bien para los expertos la Comisión está dentro del canon legal de los países democráticos, desde las comunidades y organizaciones de derechos humanos manifestaron algunas reticencias.
