La Corte Suprema cerró definitivamente la causa por la muerte del joven durante el primer aniversario del estallido social. Mientras su familia busca alternativas, diputados de oposición impulsan cambios a la normativa aplicada en el caso.
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel reactivó las críticas de abogados y organismos de derechos humanos, que advierten que la normativa abre espacio para nuevos cierres de causas vinculadas al estallido social.
La Democracia Cristiana, a través del abogado Ignacio Suárez, apoyó al padre de Aníbal Villarroel para presentar una querella contra quienes resulten responsables del homicidio del joven de 26 años. La familia de la víctima acusó que no han tenido ningún contacto con el Gobierno y criticó que el Ejecutivo “dé más valor e importancia a pintar un monumento que a tomarse un minuto para dar el pésame a la madre de un joven asesinado”.
Tanto el Gobierno como Carabineros insistieron en que la muerte del joven de 26 años en la población La Victoria se dio producto de un “enfrentamiento” en el que los uniformados debieron “defenderse”. Nuestro medio recabó diversos testimonios de quienes presenciaron los hechos y estuvieron en el lugar, contrastando versiones que acusan a uniformados con otras que apuntan al narcotráfico.
