El tribunal de segunda instancia resolvió que la cautelar era la única medida “que resulta proporcional al fin del procedimiento”. Desde el CDE señalaron que “la resolución fue contundente”, mientras la defensa insistió en la falta de fundamentos.
La cuarta sala del tribunal resolverá la acción presentada por su defensa, en la que se argumenta que la privación de libertad del alcalde de Recoleta es “desproporcionada”, además de influir en la salud de su círculo cercano y familia.
“Se defraudó para dar liquidez y evitar que se descubriera este fraude”, afirmó la fiscal Giovanna Herrera en su replica. El abogado del edil, Ramón Sepúlveda, emplazó al Ministerio Público y dijo que “la persecución penal tiene que ser objetiva”.
“Hay un sesgo investigativo por parte de la Fiscalía”, afirmó el defensor del edil, Ramón Sepúlveda, mientras que el abogado del CDE, Daniel Martorell, señaló que “la corrupción no tiene colores políticos”.
