Tras el listado que dio a conocer el abogado Juan Pablo Hermosilla, el presidente del gremio de persecutores explicó que las conversaciones entre los intervinientes de las causas son habituales y rechazó las filtraciones a la prensa.
Querellantes del caso Audios apuntan a que la estrategia de la defensa buscaría “ocultar a quienes realmente están hundidos en el pantano de la corrupción”. En tanto, la Asociación de Fiscales expuso que lo que se diga puede “ser falso o impreciso”.
Los persecutores solicitaron “evaluar suspender la vigencia de la instrucción hasta garantizar la presencia de funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación en los Tribunales de Garantía”.
Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, afirmó que “existe consenso” en que el nuevo líder del Ministerio Público debe “hacer un giro respecto a la conducción” anterior.
El fiscal Paredes se encuentra con protección policial de la Policía de Investigaciones producto de un seguimiento de parte de funcionarios de la Dipolcar. El persecutor inició la semana pasada una investigación en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público por el montaje de pruebas en la llamada “Operación Huracán”.
Luego de que el fiscal a cargo del caso Corpesca fuera removido de la investigación, la Asociación de Fiscales declaró que el artículo 64 de la Ley orgánica del Ministerio Público obstaculiza el acceso a la información por parte de los ciudadanos. “Creemos que es una norma que perjudica la transparencia y que le hace mal al sistema jurídico”, explicaron.
Los funcionarios de la Asociación Nacional de Fiscales y del Servicio Médico Legal (SML) dependientes del ministerio de Justicia anunciaron posibles movilizaciones si las autoridades no responden en el transcurso de la jornada a las peticiones de aumento de presupuesto
“Absolutamente insuficiente” fue la evaluación desde los fiscales el proyecto de modernización del Ministerio Público, con el cual el Gobierno propone sumar a 70 incorporaciones a los actuales 650 fiscales que existen en todo el país. La Asociación Nacional insiste en que se requiere duplicar la actual cantidad de persecutores porque el sistema está colapsado.
