Acusaciones de violencia intrafamiliar contenidas en una carta enviada a diputadas del Partido Comunes y otra, presumiblemente dirigida a militantes DC, hicieron caer la candidatura de Gabriel Silber a presidir la Cámara Baja según el acuerdo administrativo al que había llegado la oposición y que ya había sido cuestionado previamente por el Frente Amplio.
Mientras desde la Falange indicaron que ellos sí respetarán lo acordado, pero anunciaron que no van a tolerar el totalitarismo del Frente Amplio, en el bloque analizan la decisión, la que será zanjada este martes en una reunión que se realizará en el Congreso.
El presidente de la Democracia Cristiana se refirió a la decisión del Frente Amplio de abandonar el acuerdo que tenían con la falange para mantener la presidencia de la Cámara de Diputados, y aseguró que la coalición es “una fuerza política que simplemente no es confiable, toda vez que no son capaces de cumplir sus acuerdos”.
La iniciativa apunta a regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros del país, como también el ejercicio de derechos y deberes.
La ausencia de parlamentarios de oposición en la sala impidió que la idea de crear una comisión para la investigación de
La comisión que investiga los actos de gobierno en la entrega de las asignaciones por discapacidad y sobrevivencia señaló que la institución pública eventualmente escondió antecedentes de denuncias sobre denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia desde el año 2008 a la fecha.
Con 101 votos a favor, y 27 en contra, la iniciativa fue despacha al Senado luego de un amplio debate en que parte de la oposición se oponía a dar más recursos, esto porque algunas organizaciones han vulnerado los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El proyecto que estaba en el parlamento desde 2016 ya fue revisado por Senadores y Diputados, por lo que será despachado del Congreso y está listo para convertirse en ley. Entre sus principales puntos está exigir arrepentimiento y colaboración a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Durante esta mañana se continuó la discusión del presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios están analizando de forma detallada las proyecciones de gastos para diversas instituciones de nuestro país.
La propuesta legal, cuyo monto asciende a US$ 73.470 millones y presenta un incremento de 3,2 por ciento respecto a 2018. La iniciativa comenzará a ser analizada en particular el próximo miércoles 14 de noviembre.
En una votación que no tuvo grandes sorpresas, el Ejecutivo logró aprobar una de sus leyes emblemáticas. Desde el Frente Amplio criticaron que la nueva normativa no tendrá efecto en la convivencia escolar y llamaron al Gobierno a hablar de los temas de fondo en materia educacional. En tanto, la Aces llamó a “desobedecer” el controvertido proyecto.
El vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco valoró que el informe atribuya responsabilidades al Estado y a ex autoridades del Gobierno anterior.
En una larga jornada que comenzó a las 10:30 de la mañana de este jueves con la sesión de la Comisión, continuó con el debate de la “cuestión previa” y culminó con la votación en la Cámara, los Diputados optaron por no acusar constitucionalmente a los ministros Valderrama, Künsemüller y Dolmestch. La discusión tuvo su foco principal en la pugna entre el Poder Legislativo y el Judicial.
En la instancia además, representantes de Chile Vamos propusieron no invitar al líder de la CAM, Héctor Llaitul, lo que fue rechazado por la comisión.
Las comisiones y presidencia de la Cámara serán un primer paso para articular el contrapeso al perfil derechista del gobierno de Sebastián Piñera. Parlamentarios que participan de las negociaciones indicaron que los consensos y no entregar la dirección del espacio a la derecha son cosas fundamentales como primer paso.
El diputado del Frente Amplio declaró a Diario y Radio Universidad de Chile que “los parlamentarios no pueden tener privilegios por sobre la realidad de la mayoría de los trabajadores chilenos”, y anunció que intentarán eliminar esta indicación.
Frente a ello, el diputado René Saffirio advirtió que recurrirá al Tribunal Constitucional para que se revise su nombramiento en el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (CRAP).
