“No fue fácil el poder contar con este espacio que pertenece a todos los chilenos y a todos los pueblos” afirmó el presidente del Senado, Jaime Quintana. Numerosos dirigentes mapuche se presentaron en el Salón de Honor de la Cámara en Valparaíso para realizar este encuentro “que quedará en la historia”.
En la ocasión, la Corte confirmó el arresto domiciliario total para el ex carabinero Raúl Ávila, quien fue imputado por apremios ilegítimos contra el menor de 15 años que se encontraba junto a Catrillanca.
La no firma del Tratado de Escazú, del Pacto Global para la Migración Segura de la ONU, eliminar la posibilidad de legislar sobre matrimonio igualitario, “Control de Identidad a menores” y “Calle segura”, y seguir aplicando la Ley Antiterrorista en contra el pueblo mapuche, son algunas de las críticas que hacen desde el organismo a las acciones impulsadas por el Ejecutivo.
La Fiscalía solicitó un total de 15 años de prisión para el sargento en retiro Carlos Alarcón, quien fue el autor de los disparos que le quitaron la vida a Camilo Catrillanca. En la acusación, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, está llamado a declarar en calidad de testigo, sin embargo, para Marcelo Catrillanca el secretario de Estado debiese ser imputado.
El documental, realizado por José Tomás Correa, recopila archivos que dan cuenta de la movilización de las comunidades mapuches desde 1990.
La columna continuó su paso pese a negativa de Carabineros, quien finalmente dispersó a los convocados con bombas lacrimógenas. El comunero Marcelo Catrillanca precisó que seguirán movilizándose sin autorización y por la libre determinación del pueblo originario.
El ministro del Interior también aseguró respecto del asesinato del comunero mapuche que la oposición se ha aprovechado y ha hecho uso de esta situación .
Veinte detenidos fue el saldo de la breve marcha de este miércoles en el centro de Temuco. Efectivos de Fuerzas Especiales actuaron contra los manifestantes con gran violencia lo que mantiene en alerta a los observadores del Instituto de Derechos Humanos de la zona, mientras el gobierno regional anunció querellas por los daños efectuados en el centro de la ciudad.
El académico e historiador mapuche cuestionó la iniciativa. “Lo que ha planteado el movimiento mapuche y, que es consenso hasta para aquellos que trabajan para el Estado, es la autodeterminación y el Estado se ha negado reiteradamente a discutir sobre derechos individuales y colectivos”, sostuvo.
La audiencia se efectuará el próximo 22 de marzo en el Juzgado de garantía de Collipulli.
Un peritaje de la Policía de Investigaciones respecto de la presencia de material genético en los autos de las profesoras que fueron asaltadas previo al homicidio del comunero mapuche establece que no existen rastros compatibles con Camilo Catrillanca en el interior de los vehículos.
Se trata de Raúl Ávila, quien se encuentra detenido desde el pasado 30 de noviembre por su participación en el crimen. Además, fue él quien confesó haber roto la tarjeta de memoria en que se encontraba el registro de los hechos.
Se trata del mismo registro que, según el testimonio de uno de los imputados, fue destruido por contener imágenes privadas.
Más de 20 efectivos policiales recibieron instrucción en Colombia, una iniciativa que tuvo un costo de más de 300 millones de pesos para la institución.
Ciper reveló un video registrado por los Carabineros que sobrevolaron Temucuicui en el marco del operativo que terminó con la muerte de Camilo Catrillanca. Según las imágenes, los policías primero identificaron a los ocupantes del tractor como los asaltantes de las profesoras. Ahora, en cambio, señalan que no era posible distinguir a los implicados desde la altura.
En la primera sesión de la Comisión Investigadora del Caso Catrillanca, el diputado RN Miguel Mellado propuso oficiar a la ex presidenta Michelle Bachelet para que explique, en la instancia, qué motivó la declaración del sector de Pailahuque como zona de seguridad. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el parlamentario expuso sus razones.
Consultamos a abogados constitucionalistas y académicos expertos en el tema, si existe sustento procedente para que el ministro del Interior sea sometido a un eventual juicio jurídico político, tal como lo plantearon recientemente diputados de oposición.
