Docente de la UTA, Nanette Liberona, acusó un intento por responsabilizar a la población venezolana en la zona de alterar el orden en la región. Además, advirtió que llevarlos a un campamento cercano al aeropuerto de Iquique buscaría facilitar proceso de expulsión adelantado por el Gobierno.
Más de un centenar de policías se hizo presente en los faldeos del cerro Renca para obligar a los ocupantes de un campamento a abandonar el lugar. Vecinos de la comuna habían denunciado la venta ilegal de los terrenos que pertenecen a un privado y al Ministerio de Obras Públicas.
Las agrupaciones valoraron el ambiente de unidad y resistencia que se dio durante los 12 días que ocuparon la plaza del Palacio de Tribunales. “Fue un acto ilegal, pero de profunda legitimidad democrática”, indicó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.
La socióloga, investigadora y académica de la Universidad de Chile manifestó su indignación por las palabras del Ministro de Vivienda, quien expresó la frase:” hagan la fila”, con tal de dar solución a solo aquellos migrantes documentados legalmente. Mientras, afectados por el voraz siniestro protestaron por desalojos y exigieron solución habitacional.
A través de un nuevo plan, el ministerio de Vivienda y Urbanismo se propuso cerrar 68 campamentos este año e impulsar una serie de medidas que buscan evitar que sigan aumentando, sin embargo, diversas organizaciones acusaron que falta esclarecer el proceso, pues hasta ahora solo tienen incertidumbre frente al anuncio.
Luego de la información revelada por diario Universidad de Chile, dirigentes se reunieron con la autoridad municipal. En la cita determinaron trabajos en conjunto para enfrentar el escenario de ser la ciudad con más campamentos del país.
Para expertos en el tema, hay que atender el por qué de los asentamientos. Además de la arremetida de las inmobiliarias que han incrementado el precio del suelo y desplazado a los que no pueden pagarlo.
Una nueva amenaza de desalojo viven los habitantes del campamento René Schneider en Antofagasta. La alerta se encendió a raíz de una nueva ofensiva del gobierno provincial para frenar el levantamiento de nuevas tomas. Pablo Rojas, de la ONG Fractal, apunta a la cobertura de los subsidios como la razón de la creación de nuevos campamentos:
