Los ejecutivos de LarrainVial, Manuel Bulnes y Felipe Porzio, quedaron con las cautelares de firma mensual y arraigo nacional.
El fiscal Juan Pablo Araya también pidió la cautelar más gravosa para Daniel Sauer. En cuanto al socio fundador de Grupo Patio, Cristián Menichetti, el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario nocturno, firma semanal y arraigo nacional.
La querellante de la causa, la diputada Cicardini (PS), anunció que su abogado pedirá al Ministerio Público que quienes cumplen prisión preventiva por la causa vinculada a delitos de corrupción sean separados al interior del anexo penitenciario.
La Fiscalía Metropolitana Oriente aceptó la modificación de la medida cautelar en virtud de los nuevos antecedentes aportados por los imputados. Ahora, el Ministerio Público prepara la formalización de otras 11 personas involucradas en la causa.
Días atrás el imputado por delitos de estafa y tributarios en el marco del caso Factop salió del anexo penitenciario, luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aceptara la solicitud de la defensa.
Rodrigo Topelberg, responsable de compartir el audio que mantiene en prisión preventiva al abogado Luis Hermosilla, relató cómo fue su encuentro con él en el anexo penitenciario de Capitán Yáber, donde estuvo recluido.
A través de su cuenta X (antes Twitter), la Fiscalía Oriente informó que visitaron las oficinas del Grupo Patio para “realizar diligencias investigativas con la colaboración de los nuevos controladores”.
En la audiencia de revisión de medidas cautelares, el imputado reconoció que fue él quien difundió la grabación entre Villalobos, Hermosilla y Daniel Sauer. Además, aseguró que la empresa de factoring lo dejo con una deuda de US$ 30 millones.
Los imputados enfrentan cargos por estafa reiterada, administración desleal e invasión al giro bancario.
Durante la segunda jornada de formalización, la instancia persecutora pidió la misma medida cautelar para Rodrigo Topelberg. La audiencia continuará este miércoles.
La Fiscalía Oriente confirmó que se autorizó la entrada y registro de los domicilios de los investigados para incautar objetos y documentos que podrían eventualmente estar relacionados con el hecho investigado.
