La comisión de probidad y transparencia del Senado comenzó sus funciones con críticas de parte del contralor Ramiro Mendoza -en su último día en el cargo- quien señaló que las instituciones del Estado buscan su autonomía constitucional sólo para sacudirse del control y escrutinio público frente a sus acciones. Además enfatizó en la necesidad de que se regule el paso desde el servicio público al empresarial. Mientras que el presidente de la DC, Ignacio Walker hizo hincapié en que la corrupción no sólo se da a nivel del Estado, sino también en el ámbito privado.
El presidente de la Izquierda Ciudadana se refirió a la eventualidad de que los líderes de los partidos políticos con representación en el Congreso concuerden una “salida política” a la crisis institucional del país. “Lo único que nos pide la ciudadanía es callar, asumir y pedir disculpas”, sostiene el parlamentario.
El vicepresidente del Senado insistió en la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de la dictadura, cuerpo legal que, a juicio del senador, es un elemento que posibilita profundizar la crisis que vive el país.
La comisión investigadora del Caso Penta comenzó a revisar las posibles conclusiones del informe final de la instancia a puertas cerradas y abordando de manera insuficiente aspectos centrales para la regulación de la relación entre el dinero y la política. Mientras, la arista SQM sigue su proceso de expansión, comprometiendo cada vez más a Renovación Nacional y al ex Presidente Sebastián Piñera.
La diputada (PC) Camila Vallejo, en conversación con Radio Universidad de Chile, se refirió a la posibilidad de que se genere un acuerdo para subsanar los efectos de la crisis política que han ocasionado los llamados casos Penta y SQM, y Caval, posibilidad que ha sido enarbolada por distintos actores, tanto de la Alianza como de la Nueva Mayoría. La parlamentaria rechazó de manera enfática cualquier intento de bloqueo a la investigación de la Fiscalía en estos casos.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami se refirió a la crisis política que el país está atravesando, producto de las revelaciones surgidas de los casos Penta, SQM y Caval, y que incluso llegaron a su círculo más cercano, con las boletas entregadas por su asesor Cristián Warner a la empresa de Julio Ponce Lerou, y la mención a su padrastro, Carlos Ominami, a través de la fundación Chile 21. ME-O descartó haber recibido financiamiento de parte de Soquimich, y exigió una investigación a fondo sobre estos hechos, y de manera absolutamente transparente.
Aún faltan tres años para que concluya este gobierno, pero en las circunstancias actuales Bachelet ya exhibe todos los síntomas del “pato cojo”. Una solución política que contemple a un ministro del Interior fuerte, que efectivamente ejerza el liderazgo, y a una Presidenta dedicada a cortar las cintas de pomposas inauguraciones parece ser una salida viable. Sería la forma local y momentánea de contar con un semi-presidencialismo al estilo francés.
A su habitual indignación por la estupidez y su rabia por la tontera humana, suma su indignación por la cochina plata, por el lucro y por todo ese lumpen empresarial que le cambió el rostro al Chile que él conoció antes de 1973. No vota desde hace medio siglo y, sin embargo, su condición de zoon politikon, su bestia política saca ronchas con esa mala lengua que lo ha caracterizado desde niño.
Desde el presidente interino de la UDI hasta representantes del Gobierno y la Nueva Mayoría tuvieron que responder ante la segunda denuncia presentada por Impuestos Internos en contra de la compañía minera. 173 personas ligadas al oficialismo y la oposición figuran en la presentación judicial.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió hacer pública la formulación de cargos en contra de todo el directorio de la Sociedad Química y Minera (Soquimich S.A.) por “eventuales infracciones en la calificación de información esencial de la compañía para su difusión al mercado en los términos, forma y oportunidad que establece el marco legal y normativo vigente”. Desde distintos sectores se exige la responsabilidad de los directores de la empresa privatizada en dictadura frente a sus accionistas minoritarios, pero ante esto también vuelve a asomar el perjuicio sobre los fondos de pensiones de miles de chilenos involucrados en defraudaciones al Estado y la compra transversal de influencia política.
Durante el fin de semana, los medios tradicionales de la prensa chilena dieron cuenta de las opiniones de viejos –y también cuestionados- estandartes de la política local como Jovino Novoa y Ricardo Lagos. Es curioso que el ex subsecretario de Augusto Pinochet, y el ex presidente que a fines de los años 80 apuntó su dedo en contra del dictador, estén de acuerdo en un diagnóstico: rescatar la institucionalidad actual.
Amplitud, el Partido Regionalista de los Independientes (PRI) y el secretario General de Renovación Nacional, Mario Desbordes, criticaron el momento escogido por la UDI para retomar debate legislativo sobre un proyecto de ley, presentado en 2009, por el diputado gremialista Jorge Ulloa, que permitiría acusar constitucionalmente al Fiscal Nacional.
Con 15 días de privación de encomienda, a contar del pasado 20 de marzo, la administración del penal anexo cárcel Capitán Yáber sancionó a Carlos Eugenio Lavín luego de encontrar en un bolso suyo un pendrive.
La acción fue interpuesta ante el Octavo Juzgado de Garantía y se relaciona con los presuntos aportes irregulares a campañas políticas.
En los 25 años de post dictadura nunca antes la clase política había enfrentado un momento tan crucial como el que se vive hoy, luego que se empezara a correr el telón que cubre la estrecha relación entre el dinero y política. Algunos personeros hacen llamados a transparentar el financiamiento de las campañas electorales, mientras otros se muestran cautelosos y piden dejar que las instituciones funcionen como siempre lo han hecho.
Personeros de la Nueva Mayoría auguran “chivos expiatorios” y se muestran partidarios de una política de “caiga quien caiga”, ante la crecida de la arista SQM del Caso Penta. Los rumores han dado paso a divisiones internas y acusaciones sin nombre, que de todas maneras buscan sancionar duramente a quienes recibieron recursos ilegales para sus campañas o emitieron boletas ideológicamente falsas.
La mandataria firmó el documento denominado Instructivo Presidencial sobre las Buenas Prácticas en Materia de Declaración de Intereses y de Patrimonio, con el fin de elevar los niveles de probidad y transparaencia entre los empleados públicos. En la ocasión la Presidenta indicó que “se va a instruir a todos los ministros y subsecretarios para que las reparticiones del Estado incorporen una serie de nuevas exigencias a las declaraciones de Patrimonio e Intereses de los más altos servidores públicos”
