La resolución absolutoria para los diez acusados de colusión en el Caso Farmacias, abrió un debate sobre el rol del Ministerio Público en la investigación, la legislación que permite investigar y sancionar este tipo de carteles y cómo se aplica la justicia en los delitos denominados “de cuello y corbata”.
Este lunes comenzó el juicio del denominado “Caso Farmacias” después de que, hace un año y medio, la Corte de Apelaciones decidiera revocar el polémico acuerdo conciliatorio entre la fiscalía y los imputados. La jornada comenzó con tensiones, que auguran un clima complejo durante los 90 días que duraría el proceso.
El intercambio de mails entre empresarios y políticos que ha destapado la investigación de la Fiscalía Oriente en el Caso Penta, está demostrando la alta relación de confianza político-empresarial. Además se advierte la necesidad de reformar un marco legal que haga más fácil perseguir este tipo de delitos y poner a Chile a un nivel internacional en cuanto al fraude económico.
La empresa deberá pagar más de seiscientos millones de pesos y un multa de 50 UTM, por no respetar un acuerdo compensatorio firmado con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que fue alcanzado entre la empresa y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en el marco del proceso por colusión en que estuvo involucrada la cadena farmacéutica en 2009.
Contrario a aplicar penas de cárcel para delitos como la colusión, se manifiesta el abogado Tomás Menchaca, quien desde el 2010 se desempeña como presidente Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En conversación con Radio Universidad de Chile explicó su postura frente a la polémica desatada por las multas aplicadas al caso Pollos, señalando que sería muy difícil y poco eficiente llevar estos procesos a tribunales del crimen.
En ese contexto, diputados de la bancada demócrata cristiana se reunieron con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quienes abogaron por fortalecer la Delación Compensada, las penas de cárcel y reparación para los consumidores. En tanto, los senadores de Renovación Nacional, Alberto Espina y José García Ruminot, se entrevistaron con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, a quien presentaron un proyecto que enfatiza en las penas de cárcel.
Ante la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el ministro Luis Felipe Céspedes aseguró que pedirán fortalecer la legislación para aumentar las sanciones en temas de colusión. La sentencia contra Ariztía, Agrosuper y Don Pollo alcanza los U$60 millones.
El dirigente de trabajadores de farmacia, Mauricio Acevedo acusa nueva “canela” y anunció medidas de presión para que el gobierno haga efectiva la ley.
Productores de leche presentarán una demanda en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de Soprole, Nestlé y Watt’s, acusando que el comportamiento anti competencia de estas empresas ha presionado a la baja el precio de venta de los productores primarios. En tanto, Joaquín Morales, experto en derecho comercial de la Universidad de Chile, señala que el precio para la venta de leche cruda debiese ajustarse a la realidad del mercado lácteo local.
Parlamentarios de la Nueva Mayoría se reunieron con el director del Servicio del Consumidor, Sernac, Ernesto Muñoz, para solicitar datos respecto a la investigación de la Fiscalía Nacional Económica por una posible colusión en el mercado del pan. El Economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, manifestó su visión del tema, y respaldó la acusación.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó los alegatos por la admisibilidad de la demanda colectiva presentada por el Caso de Colusión de Farmacias. Las tres empresas involucradas creen que la acción es improcedente, mientras que las partes acusantes reivindican el derecho a la solicitud de indemnización para los afectados.
El costo de la energía sigue siendo, empero, un problema para la producción nacional, pero especialmente para los automovilistas. Recién iniciado agosto, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que el precio de los combustibles experimentaría alzas de hasta sobre $18 el litro, pese a la morigeración tributaria que posibilita el Sipco.
