El Tribunal de la Libre Competencia tiene 48 horas para remitir antecedentes a la justicia sobre el caso colusión. Luego, la Corte de Apelaciones de San Miguel determinará si la documentación debe ser conocida por la Fiscalía Sur.
En total, habrían sido nueve alzas de precios realizadas entre 2006 y 2012. Desde la organización de consumidores ODECUS indicaron que independiente del período de colusión, las empresas deben hacerse responsables ante los usuarios.
Pese a la unanimidad, los parlamentarios dejaron ver sus inquietudes respecto de la iniciativa, como el DC Pablo Lorenzini, quien aseguró que se establece un marco legal “para la prensa”.
Tomás Menchaca trabajó para la competencia de las empresas coludidas, por ello decidió inhabilitarse del caso que investiga a la CMPC y SCA.
Los escándalos de corrupción, delitos tributarios y de colusión que se han conocido este 2015 plantea la interrogante respecto de la robustez de nuestra institucionalidad para poder dar frente a este tipo de ilícitos. Analistas sostienen que nuestra frágil legislación es la responsable de los escándalos que se han destapado durante este año.
La sombra del proceso que enfrenta Jovino Novoa complica al gremialismo. Luego de la declaración enviada por la instancia, el presidente del partido señaló que se debe analizar “caso a caso” y no tener “criterios anticipatorios” en relación a los casos de financiamiento irregular a la política.
El dirigente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, afirmó que se requiere una serie de cambios a nuestra legislación para evitar que casos como el que protagoniza el “Cartel del papel” se repitan.
La idea de los diputados es lograr reunir firmas para constituir la instancia legislativa que les permita investigar más antecedentes de la denominada colusión del confort, llevada adelante por las compañías CMPC y SCA.
En tanto, Sernac pide compensación para los consumidores, mientras el Ministerio de Economía confirmó la suma urgencia para el proyecto de ley que pena con cárcel los actos de colusión
En lo social perjudica a los consumidores, no solo extrayéndole ilegítimamente recursos que pueden tener otros usos útiles, sino que incide, por ejemplo, en más inflación, elevando el IPC, el que, a su turno, aumenta las tasas de interés, encarece los créditos, pagos de dividendos y reduce la capacidad adquisitiva de los consumidores.
Sernac pide compensación para los consumidores, mientras el Ministerio de Economía confirmó la suma urgencia para el proyecto de ley que pena con cárcel los actos de colusión.
Los diputados Silber y Farcas presentaron ante la Fiscalía la denuncia, para poder llevar adelante acciones paralelas a las que sigue la Fiscalía Nacional Económica (FNE)
