La decisión fue tomada de manera unánime esta mañana por el Comité de Ministros en medio de manifestaciones a favor y en contra del polémico proyecto.
El diputado Daniel Melo, en conjunto con un grupo de parlamentarios oficialistas, emplazó al gobierno de Gabriel Boric para que rechace la iniciativa. De acuerdo a los diputados, hay argumentos técnicos y también valóricos.
Este miércoles el comité de ministros liderado por la titular de Medioambiente, Maisa Rojas, deberá evaluar el proyecto que pretende emplazarse en norte de la Región de Coquimbo, donde se emplaza uno de los ecosistemas únicos del mundo.
A la instancia, que se realizará a partir de las 08:00 horas, están convocados los titulares de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.
El parlamentario insistió en la importancia de resguardar el ecosistema para las futuras generaciones y advirtió que de aprobar el Gobierno la iniciativa minero portuaria “habemos muchos que quedaremos con una desafección tremenda”.
Por su parte, diputados socialistas entregaron al Ejecutivo una misiva firmada por más de 50 parlamentarios en la que insistieron en su preocupación por los efectos nocivos de la iniciativa sobre el ecosistema.
La parlamentaria por Coquimbo reiteró las críticas a la iniciativa que deberá ser revisada por el comité de ministros. “Tiene impactos negativos de los diversos informes que se han entregado, tanto técnicos y también científicos”, recordó.
“Vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias, vamos a recurrir a la Corte Suprema, a los Tribunales Ambientales, al Comité de Ministros”, señaló Daniel Morales con conversación con nuestro medio.
En el escrito piden desechar la propuesta para la instalación de la minera por poner en peligro la vida natural de la zona, así como su fuente de trabajo y el futuro de las comunidades.
La resolución anula las decisiones que habían adoptado el Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental que habían calificado negativamente el proyecto.
En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, la directora ejecutiva de la ONG Oceana, Liesbeth van der Meer, manifestó que el Comité de Ministros no debe decidir políticamente, si no basado en los antecedentes técnicos que hacen inviable el proyecto.
El Comité de Ministros aprobó por unanimidad la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sobre el nuevo relleno sanitario que se instalaría en la comuna de Til Til, en la Región Metropolitana. Las autoridades locales y vecinales calificaron la decisión como un atropello a los derechos humanos de los vecinos.
El Comité de Ministros ordenó reabrir la Consulta Indígena en el proyecto minero del ex ministro de Hacienda de la Dictadura, Hernán Büchi, y otros dos socios, por irregularidades en el proceso de evaluación ambiental. Desde la comunidad atacameña ubicada a siete kilómetros de donde se instalarían las obras mineras, manifestaron que es una señal en favor de la empresa porque existían antecedentes suficientes para rechazar un proyecto perjudicial para la población.
La decisión se tomó luego del rechazo por parte del comité de ministros de las reclamaciones presentadas en contra de la resolución que modificó la RCA del proyecto aurífero. A juicio de las comunidades los argumentos presentados por los secretarios de Estado no tienen fundamentos.
Acudir a instancias judiciales es la alternativa que barajan las agrupaciones contrarias a la instalación del proyecto Puerto Cruz en la región de Coquimbo. Acusan que las autoridades ambientales omitieron el impacto que tendrá la iniciativa en la reserva marítima de la zona.
Este martes se iniciaron en el Tribunal Ambiental de Santiago los alegatos entre las partes para revisar las diferencias en las resoluciones de los comités de ministros de los Gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, sobre el proyecto Hidroaysén. Tanto los opositores al proyecto como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) coinciden en que se incurrió en errores de derecho, ilegalidades y vicios cuando se dio el visto bueno a la iniciativa hidroeléctrica.
El servicio dependiente del MOP respondió ante la Corte de Apelaciones debido a la reclamación que interpuso la compañía, que consideró que la medida es un uso irregular de una facultad legal excepcional.
