Tras la anulación de lo obrado por el Tribunal Ambiental, la titular de Medio Ambiente aseguró que la decisión del Comité de Ministros de 2025 recupera su plena vigencia legal.
En un fallo unánime, el tribunal de alzada determinó que el Primer Tribunal Ambiental incurrió en un vicio procesal al intentar ejecutar una sentencia que aún no ponía fin a la instancia.
Mientras la CPC aplaude el pronunciamiento de la Corte Suprema como una señal de certeza para la inversión, el Ministerio de Medio Ambiente recalca que la resolución no cierra la disputa y que el proyecto debe definirse en el Comité de Ministros.
La instancia visó con reparos la iniciativa, poniendo por delante una serie de condiciones que apuntan, principalmente, a asegurar la no afectación de bosque nativo de preservación y las especies de flora amenazadas.
La directora enfatizó en la importancia de mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, cuestionó la Ley de Permisos Sectoriales que avanza en el Congreso, calificándola como “peligrosa”.
El Gobierno apuntó a “recursos pendientes”, mientras la empresa minera llamó a dar “fin a los intentos por dilatar el avance del proyecto”. Desde la sociedad civil denunciaron que el proceso judicial ha ignorado la evidencia científica.
La diputada del PC advirtió posibles conflictos de interés debido a los vínculos declarados por el ministro con un abogado ligado al megaproyecto. “Es un hecho de preocupación cuando hablamos de comunidades divididas y presiones judiciales”, señaló.
El juez de la Corte Suprema es cercano a Marcelo Castillo Sánchez, uno de los abogados que ha defendido al proyecto de Andes Iron, razón por la que agrupaciones de la sociedad civil solicitaron que deje el caso.
Grupos a favor de la iniciativa protestaron violentamente y se enfrentaron a los guardias. El presidente de la Comisión, diputado Félix González, aseguró que los manifestantes “cometieron delitos porque agredieron a guardias municipales”.
En la antesala a la votación del Comité de Ministros por el proyecto minero-portuario, la abogada Antonia Berríos expuso que Andes Iron no ha logrado garantizar “el estándar de cuidado medioambiental mínimo” de la zona.
Recordemos que el pasado 9 de diciembre, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló la resolución dictada el 29 de junio de 2023 por el Comité de Ministros donde se rechazó el proyecto minero-portuario.
Tras la solicitud de un pronunciamiento de parte del SEA, la Contraloría señaló que “cuando los ministros titulares deban abstenerse de intervenir en una determinada materia, corresponde que el subsecretario respectivo lo reemplace en sus funciones”.
La instancia judicial rechazó el recurso de reposición presentado el viernes por el Ejecutivo, con el que insistía en su solicitud de suspender los efectos del fallo dictado el 9 de diciembre.
El Comité de Ministros tiene hasta mañana 31 de diciembre para pronunciarse sobre el proyecto. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalan que no hay claridad de quienes deberían subrogar a los secretarios de Estado que se inhabilitaron.
El Comité de Ministros deberá reconstituirse y votar nuevamente la iniciativa antes del 31 de diciembre. Mientras las presiones para que se rechace una vez más persisten, también hay quienes lo consideran un error.
El director ejecutivo de ONG FIMA sostuvo que “estamos en el momento más incierto” del proceso judicial protagonizado por la minera de Andes Iron. Además, cuestionó el rol que cumplen los tribunales ambientales en nuestra institucionalidad.
La titular de Medio Ambiente explicó que la decisión fue tomada debido a que las autoridades que integran la instancia ya votaron en la sesión que termino con el proyecto rechazado, resultado que calificó como “apegado a la institucionalidad”.
