Se trata de la primera devolución realizada bajo la administración de Gabriel Boric, que dobló el presupuesto para la compra de tierras de la Conadi, en una medida contemplada en el plan Buen Vivir.
Luego de la quema de tres camiones el viernes recién pasado en el sector de Collipulli, fue encontrado un lienzo que menciona directamente a la secretaria de Estado. “Estaremos atentos a su visita en el Wallmapu”, señala el cartel.
Por primera vez en la historia, el consejo tuvo lugar en la sede de Gobierno donde los y las consejeras fueron recibidas por el Presidente Boric y la ministra de Desarrollo Social quien aseveró que el compromiso no es “a cambio de seguridad”.
El informe de la institución señala que la compra se ajusta a derecho y que no corresponde a una transacción de tierras mapuche.
En Temuco, Mónica Chavol, de la comunidad José del Carmen Neculpan, explicó que esta acción es en demanda de la compra de tierras.
Se trata de la comunidad de Chaura, que esta semana se reunió con consejeros de la Conadi para que evalúen su situación. En concreto, un empresario suizo compró un terreno aledaño a ellos -donde ya está construyendo- en el que aplica un Título de Merced, que da cuenta de que pertenecía al pueblo mapuche.
Desde la Federación Mapuche de Estudiantes (Femae), advirtieron que considerar únicamente la gratuidad como propuesta de fondo, impide avanzar en las materias que se plantean desde los pueblos originarios.
La Contraloría General de la República detectó el pago de sobreprecios por parte de la Conadi en la compra de siete terrenos particulares reclamados por comunidades indígenas. Los trabajadores de Conadi solicitaron una reunión con el contralor Jorge Bermúdez porque afirmaron que no hay un procedimiento claro para resolver la restitución de tierras ancestrales.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago de la Conadi, Osvaldo Antilef se refirió a las demandas de la población indígena que vive en zonas urbanas, así como también, a los desafíos que debe enfrentar Conadi para resolver las inquietudes de estas comunidades. “Actualmente la población indígena de la macro región central, es decir, de la IV, V y VI y RM asciende a un 42 por ciento de la población indígena total del país y esto habla de realidades que se desconocían hace un tiempo atrás”, advierte.
La normativa, que fue promulgada en 1993, hoy es cuestionada por las comunidades indígenas que señalan que el instrumento no ha sido eficaz en la entrega de tierras. Frente a ello, el werkén Jorge Huenchullán manifestó que “esta legislación se debe cambiar para estar a la altura de un pueblo con derechos”.
Producto de un fallo del primer Juzgado de letras de Osorno, la comunidad indígena Llanquileo tendrá que desalojar los predios del fundo El Pafu de la comuna de Puyehue. La sentencia corresponde a un juicio iniciado por Julio Ponce Lerou. En tanto, desde la comunidad dicen estar tranquilos, pese a que ya han sido expulsados en otras oportunidades.
El informe presentado por el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, luego de su visita en 2015, evidenció la falta de políticas públicas que se hagan cargo de la situación indígena en Chile.
La comunidad mapuche de Lago Ranco denuncia la construcción de una central hidroeléctrica de paso que desviará las aguas del río Nilahue afectando a los habitantes del sector. El proyecto es propiedad del ex ministro de Deporte, Gabriel Ruiz Tagle.
Propuesta parlamentaria de la oposición que busca restringir la adquisición y beneficios del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas ingresó a la Comisión de Gobierno Interior. El historiador Sergio Caniuqueo dijo que los parlamentarios no consideran el verdadero “mercado de tierras” que se ha generado y que no son precisamente los más productivos para los mapuche.
Un grupo de candidatos objetará el proceso de elecciones que se realizó el domingo la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para definir la propuesta de consejeros para el periodo 2016-2020. Esto por la forma en la que se realizó el proceso, marcado por la poca claridad, falta de información, deficiencias en los estándares internacionales e incluso acusaciones de fraude electoral.
Falta de información e irregularidades son parte de la advertencias de los candidatos inscritos en el proceso. “El Gobierno no tiene ningún interés de difundir el tema de la participación de este 20 de marzo para la elección de los representantes de los pueblos originarios del país”, dicen.
Según la información, el organismo no solicitó antecedentes frente a la habilitación de una marina recreativa ubicada en las cercanías de la Comunidad Indígena Guaquel Marimán. El hecho representa un grave incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, indicaron desde Conadi.
