Mientras el Ejecutivo recalca el liderazgo del país en cuanto a desarrollo sustentable, traducido en el compromiso para ser sede de la conferencia de la ONU sobre cambio climático el 2020, ONGs califican como una contradicción la iniciativa, teniendo en cuenta la serie de medidas económicas tendientes a agudizar los conflictos socio ambientales y la desertificación del territorio nacional.
Después de realizada la presesión del Examen Periódico Universal en Ginebra, la delegación chilena, encabezada por la abogada Cristina Lux y la activista Katta Alonso, exigieron un cambio en la normativa actual con respecto a las industrias que conviven en las zonas de sacrificio, además de exámenes toxicológicos para la población vulnerable.
Desde el lunes 10 de diciembre, las personas que infrinjan esta ley podrán ser denunciados por Carabineros, funcionarios municipales o ciudadanos de pie y pagarán multas que van desde los 48 mil hasta los 200 mil pesos.
El último informe de Chile Sustentable, denuncia que de las 28 carboneras que operan actualmente en el país son responsables del 91 % de la producción de CO2.
La seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, María Victoria Gazmuri, advirtió un posible error en las primeras mediciones de la emergencia ambiental que arrojaron la presencia de metilcloroformo en el aire de Quintero. El compuesto que habría detectado el equipo de monitoreo está prohibido en Chile por el acuerdo de Montreal que busca la protección de la capa de ozono.
El exjefe de Directemar, Osvaldo Schwarzenberg, será formalizado el próximo 21 de noviembre por el delito de prevericación administrativa, tras autorizar el vertimiento de 4600 toneladas de salmones en descomposición al mar frente a las costas de Chiloé.
La nueva acción criminal pide que se dicten diligencias para que los organismos públicos entreguen los antecedentes que han sustentado las medidas decretadas por el gobierno que limitan el funcionamiento de las industrias que estarían contaminando a los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví.
Dos ejecutivos de la sanitaria Essal fueron formalizados por la contaminación del río Clavito de Los Muermos. Esta investigación se suma a las constantes denuncias hechas por los alcaldes de la rivera del lago Llanquihue por el vertimiento de residuos, además la falta de planes maestros para el manejo de aguas lluvias y el retraso en la promulgación de estos demuestra la despreocupación del gobierno central por el tema.
La movilización temporal se concretó en diferentes reparticiones de la compañía en todo el país. Para el dirigente sindical de la estatal, Nolberto Díaz, los funcionarios están cansados del “ataque injusto, infundado y poco serio por parte de autoridades del Ejecutivo”.
Birgit Gerstenberg, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del Sur, manifestó que las firmas responsables de la contaminación en la zona deben ser sancionadas.
Desde las organizaciones ciudadanas en la zona de sacrificio valoraron las diligencias que se dan en el contexto de la investigación que realiza el Ministerio Público debido a las múltiples intoxicaciones que afectan a los habitantes del sector.
En entrevista con nuestro medio, la directora Ejecutiva de la ONG, Flavia Liberona, dió a conocer parte del documento “La negligente realidad de la Bahía de Quintero”, donde se analizan los antecedentes coyunturales e históricos que han provocado la actual crisis ambiental que experimentan los habitantes de esta zona de sacrificio.
La persecución y asesinato de defensores del medio ambiente se ha cuadruplicado entre 2002 y 2017 en el mundo. El caso de Alejandro Castro, dirigente sindical de los pescadores de Quintero, es una nueva investigación que se abre en medio de la crisis ambiental del borde costero.
El diputado Diego Ibáñez, Presidente de la Comisión Investigadora por el Plan de Descontaminación para la zona planteó que en las propuestas presentadas por el Ejecutivo falta incluir a la comunidad, estatizar las centrales de monitoreo del aire, endurecer las leyes sobre emanaciones de gases contaminantes y que las municipalidades aborden un rol activo en la paralización de las faenas industriales de la zona.
En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, la diputada de Revolución Democrática y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, aseguró que el Gobierno ha utilizado a la cuidad con una finalidad populista sobre el conflicto marítimo entre Chile y Bolivia, ocultando otros graves problemas que afectan a los habitantes de la región.
La medida fue anunciada por el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, y estará en vigencia hasta que se materialice el Plan de Descontaminación para las comunas afectadas por gases tóxicos. Al igual que en la Región Metropolitana, la calidad del aire será medida diariamente.
A un mes de iniciada la crisis ambiental en Quintero no hay responsables, la comunidad denuncia represión policial desmedida y conflictos de interés en la aprobación de la ampliación del puerto multipropósito de Oxiquim, mientras el Gobierno anunció la construcción de un nuevo hospital para la comuna.
