El parlamentario por la zona, Luis Cuello, valoró la medida adoptada por Aduanas y FAMAE “porque indica que hay una voluntad de transparentar el origen de esta operación comercial”, cuando ya hay una denuncia en Contraloría solicitando que investigue la compra.
Junto a representantes de más de 70 trabajadores despedidos en la región de O’Higgins, la parlamentaria solicitó a Jorge Bermúdez analizar la situación, que a su juicio “no cumple con causal directa en términos de producción o falta de eficiencia, sino simplemente persecución y acoso laboral”.
Los parlamentarios piden “esclarecer las circunstancias bajo las cuales fueron donados los ventiladores mecánicos, si ha habido algún tipo de beneficio tributario para los donantes de dichos equipos y de ser así, si dicha deducción de impuestos se ha ajustado a derecho”.
Estos permisos autorizaron la tala de más de 22 mil hectáreas de bosque durante los últimos 12 años, con el fin de reemplazarlas por cultivos agrícolas dedicados a la exportación.
El abogado, político y ex rector de la casa de estudios fue homenajeado con una serie de actividades por su contribución a la Educación Pública, los principios de legalidad y como uno de los padres fundadores de la Contraloría General de la República.
El pleno del organismo acogió el requerimiento presentado por Chile Vamos para declarar como inconstitucional parte del reglamento dictado por el ministerio de Salud, que no fue defendido por el Gobierno.
Una auditoría del organismo fiscalizador también detecta irregularidades en Dipreca y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
Luego de la polémica que se presentó por la participación con acciones del ministro Santelices en la empresa Sonda, que mantiene contratos vigentes con Fonasa, diputados de oposición encabezados por Juan Luis Castro (PS) pidieron a Contraloría General de la República la realización de una auditoría para aclarar un posible conflicto de interés por parte del secretario de Estado.
Los senadores Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana y Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática manifestaron su preocupación por la cantidad de actos administrativos que, luego de ser ingresados a Contraloría para su toma de razón, pudieron haber sido retirados desde que el gobierno de Sebastián Piñera asumió el mando
El 21 de diciembre, el Consejo de Defensa del Estado, representado por el Abogado Procurador Fiscal (S) Jorge Escobar, se querelló en contra del ex comandante en Jefe del Ejército como autor del delito de fraude al Fisco en la compra de un avión de enlace para el Alto Mando Institucional. El perjuicio para el Estado de Chile supera al millón de dólares.
Luego de ocho meses de investigación la autoridad formulará en los próximos días cargos en contra de las isapres Banmédica, Masvida y Cruz Blanca. El organismo impondrá sanciones por “administración compartida”, habiendo podido constatar la dualidad de funciones de ejecutivos clave en las tres compañías.
Este martes fueron formalizados nuevos imputados por el millonario fraude en Carabineros. Pese a que la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para uno de ellos, las ocho personas quedaron con arresto domiciliario, con lo que el número de imputados asciende a 51. Eugenio Campos, el fiscal a cargo del caso, aseguró que habrá “muchos más imputados”.
Codelco, Correos de Chile, Metro, Enap y Enami, entre otras, forman parte de la agrupación.
La Fiscalía inició una investigación a partir de la denuncia realizada por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, sobre negociaciones incompatibles de cinco jefes de finanzas de servicios públicos. El Fiscal Nacional, Jorge Abbott designó al persecutor Raúl Guzmán a cargo de la indagatoria. Mientras, desde el ente fiscalizador anunciaron que estos antecedentes son “solo un anticipo” y que podrían aparecer muchos más casos.
Esto podría significar que el monto que recibe Olate podría pasar de $5,4 millones a $420 mil.
Un oficio reservado dispone que aquellos casos donde existan irregularidades que hayan prescrito administrativamente, no se informen a la dirección del servicio para perseguir acciones penales. Los antecedentes fueron presentados a Contraloría por las ex funcionarias Marisa Navarrete y Paulina Carrasco.
Desde asignaciones y bonos sin justificar, pasando por equipos de alto costo sin su debido uso e incluso autopsias erróneas, serían las faltas que han motivado a la Fiscalía a investigar al Servicio Médico Legal. Funcionarios acusan amedrentamientos por haber realizado estas denuncias.
