La Fiscalía inició una investigación a partir de la denuncia realizada por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, sobre negociaciones incompatibles de cinco jefes de finanzas de servicios públicos. El Fiscal Nacional, Jorge Abbott designó al persecutor Raúl Guzmán a cargo de la indagatoria. Mientras, desde el ente fiscalizador anunciaron que estos antecedentes son “solo un anticipo” y que podrían aparecer muchos más casos.
Esto podría significar que el monto que recibe Olate podría pasar de $5,4 millones a $420 mil.
Un oficio reservado dispone que aquellos casos donde existan irregularidades que hayan prescrito administrativamente, no se informen a la dirección del servicio para perseguir acciones penales. Los antecedentes fueron presentados a Contraloría por las ex funcionarias Marisa Navarrete y Paulina Carrasco.
Desde asignaciones y bonos sin justificar, pasando por equipos de alto costo sin su debido uso e incluso autopsias erróneas, serían las faltas que han motivado a la Fiscalía a investigar al Servicio Médico Legal. Funcionarios acusan amedrentamientos por haber realizado estas denuncias.
El órgano contralor dejó sin efecto un dictamen del año 2009 que autolimitaba las facultades fiscalizadoras de la institución en materias vinculadas a la Ley Reservada del Cobre. El documento, además, consagra explícitamente la obligación de las Fuerzas Armadas de someterse a la fiscalización de la entidad, incluso en “aquellas obras militares declaradas secretas”.
La cifra detallada por la Contraloría General de la República asciende a 26 millones de pesos y habría sido utilizada en la construcción de canchas y plazas.
Se trata de cuatro mil millones de pesos, en el caso de gastos ejecutados por la Corporación Juegos Sudamericanos, y de otros 800 millones respecto del Rally Dakar, ambos eventos realizados en 2014. El órgano fiscalizador ya anunció un sumario administrativo.
La medida busca que Guilisasti se inhabilite de la Comisión Nacional de Productividad, por haber pertenecido al directorio de SQM.
Luego que se conociera de 22 mil millones de pesos pagados a dicha empresa por catorce Servicios de Salud del país, parlamentarios solicitaron al organismo indagar por posibles sobornos o cohechos en los que habría participado el entonces gerente de Caval Mauricio Valero.
Un grupo de estudiantes de la Universidad del Mar, en representación de sus compañeros desde Arica a Punta Arenas, se acercaron a la Contraloría General de la República a exigir transparencia por la forma en que se gestaron los traspasos de los exalumnos a otras casas de educación superior. Esto porque existen alumnos que corren […]
Este miércoles el Consejo para la Transparencia informó las primeras reuniones por lobby, esto a tres meses de la puesta en marcha de la ley que busca regularlo. Según los datos presentados, a la fecha se han realizado 342 reuniones con carácter de lobby o gestión de intereses particulares. El reporte entregado por el organismo, […]
Además de confirmar que los permisos estaban vencidos, se ha oficiado la realización de un sumario para determinar las responsabilidades que puedan tener tanto la seremi de Vivienda, como a la Dirección de obras Municipales de Viña del Mar.
La Contraloría avanza en el levantamiento del secreto en casos de derechos humanos, particularmente en lo relativo a la Comisión Valech II. Sin embargo, y a pesar del mandato, se mantiene el secreto respecto de los casos considerados por la Comisión Valech I.
Mientras las autoridades del Hospital El Carmen de Maipú publicaron un informe con los primeros avances de mejoría del recinto, la Contraloría General de la República emitió otro documento, luego de la investigación que establece eventuales administrativas de las ex autoridades de Salud, encabezadas por el entonces ministro Jaime Manalich.
Una nueva polémica por posible fraude al Fisco y corrupción al interior del sistema de salud. El diputado Hugo Gutiérrez presentó los antecedentes al organismo fiscalizador, que revirtió el proceso de adjudicación. Autoridades insistieron en las precarias condiciones de salud en la zona.
Parlamentarios de la Nueva Mayoría acudieron a la Contraloría General de la República para que se investigue la progresiva concesión de hospitales públicos. Los representantes, que buscan frenar licitaciones en curso, anunciaron que se solicitará una comisión investigadora por posibles responsabilidades políticas de la actual administración.
Esta vez, la controversia se centra en la obligatoriedad del conocimiento previo de los padres. Mientras algunos sectores se oponen por razones valóricas, los profesionales de la salud insisten en el derecho de reserva de la información.
