El Gobierno firmó la denominada “Convención de Minamata sobre mercurio”, referida a la prohibición de explotación de yacimientos mineros de este metal pesado, que en nuestro país está presente en condiciones críticas en ciudades como Arica, Copiapó, Chañaral y Puchuncavía, con efectos neurotóxicos y cancerígenos sobre la población. Los ambientalistas han cuestionado que el Ministerio de Minería expresara “letra chica” al momento de firmar esta convención, lo que fue interpretado como una defensa de las corporaciones canadienses presentes en Chile.
El Concejo Municipal de Copiapó deberá decidir el próximo lunes el uso de suelo que se le dará al lugar donde se instalaría la central termoeléctrica Castilla. Los vecinos esperan un uso que impida la llegada de industrias, manteniendo su historial artesanal y turístico.
Los expertos en ecología política advierten sobre la señal detrás de la decisión del empresario brasileño Eike Batista de renovar un permiso municipal en Copiapó para mantener vigente la opción del proyecto termoeléctrico Castilla, aun cuando fue anulado por la Corte Suprema en agosto del año pasado.
La determinación de la Fiscalía de Atacama de cerrar el proceso de investigación sin ningún acusado generó decepción en las víctimas del derrumbe de la mina San José en 2010. Sin embargo, algunos de los 33 mineros que se vieron enterrados bajo tierra por casi 70 días persistirán en acciones civiles. A esto se suma de que a especialistas les asiste la convicción de la responsabilidad de los dueños del yacimiento.
La Corte de Apelaciones de Copiapó concedió una orden de no innovar ante el proyecto minero El Morro. De esta manera, se suspende el proceso de consulta establecido el pasado 13 de marzo mediante resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, tendiente a preguntar a la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos sobre los alcances de esta iniciativa.
La situación desencadenó una huelga de hambre de 230 presos del lugar, que se extendió por varias semanas.
