A través de su red social Twitter, el presidente de los estudiantes de la Universidad de Chile acusó al Estado de perdonar morosidades de compañías privadas, (recordando casos como el de Jhonson’s, LAN, Banco de Chile y Colbún), sin querer repetir el mismo ejercicio con la deuda del CAE y el Fondo Solidario que afecta a miles de familias.
De esta manera, el diputado de Revolución Democrática se refirió a las declaraciones del ex Mandatario en las que endosó la responsabilidad de la implementación del Transantiago a la Presidenta Michelle Bachelet, así como del Crédito con Aval del Estado. “Hay que ser responsable en política de las decisiones que las personas van tomando, en particular cuando se es jefe de Estado”, señaló el ex presidente de la FEUC.
Parlamentarios y estudiantes solicitaron al Ejecutivo hacer efectiva la eliminación del Crédito con Aval del Estado, en el marco de los compromisos de la Reforma Universitaria. Así lo expuso el presidente de la Comisión de Educación, diputado Alberto Robles.
Investigadores afirman que la matrícula en los establecimientos municipales no aumentará de implementarse la ley de desmunicipalización tal como está. Mientras, los estudiantes secundarios se mostraron preocupados por el estancamiento de su tramitación en el Senado.
Un sistema económico que mantiene sueldos precarios y obliga a recurrir al crédito para poder participar de actividades sociales y la educación, somete a miles de jóvenes que ven condicionadas sus vidas por sus deudas. Un proyecto de ley que se discutirá en el Senado plantea incorporar educación financiera en la enseñanza media para prevenir esta situación, pero el economista Gonzalo Durán dice que no se ataca el problema de fondo, que es estructural.
El Crédito con Aval del Estado y una política de concesiones que aumentó el protagonismo de las empresas son algunas de las obras del gobierno de Ricardo Lagos que contribuyeron a la consolidación de un modelo neoliberal instaurado por la dictadura.
La irregularidad la habría cometido la Comisión Ingresa, dependiente del Mineduc, al asignar este beneficio a la Universidad Pedro de Valdivia sin estar acreditada. Los querellantes esperan que esta información se sume a la acusación constitucional que se analiza en la Cámara de Diputados contra el ministro de Educación, Harald Beyer.
