Recursos técnicos y humanos serán puestos a disposición por los planteles de educación superior para el trabajo del organismo que escribirá la nueva constitución del país.
El rector de la Universidad de Chile y presidente del CUECh reiteró su preocupación por la metodología implementada por el Ministerio de Educación respecto de la fijación de aranceles para la Gratuidad en la Educación Superior.
“Consideramos necesario expresar nuestro más enérgico rechazo a esta respuesta emanada del Ministerio de Educación, toda vez que se trata de recursos propios de administración exclusiva de las universidades (Ley 18.591) y cuyos excedentes reflejan el esfuerzo que cada institución ha desplegado para la recuperación de créditos anteriores”, dice en un comunicado el CUECH.
A través de un comunicado, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), señaló que “considerar como única solución para la educación superior un aumento del endeudamiento constituye un retroceso respecto de los avances logrados”.
El periodo en el que será presidente del directorio será entre 2020 y 2022. Junto a la máxima autoridad de la Casa de Bello integran el directorio por los próximos dos años los rectores Álvaro Rojas de la Universidad de Talca, Óscar Garrido de la Universidad de Los Lagos, Celso Arias de la Universidad de Atacama y Alberto Martínez, de la Universidad Arturo Prat.
La máxima autoridad de la Universidad de Chile instó al Gobierno y al Parlamento a hacerse responsables por el estado de la enseñanza, entendiéndola como parte fundamental de la cohesión nacional.
Los jueces constitucionales declararon la inconstitucionalidad de la glosa presupuestaria que permitiría a las universidades del CRUCh usar hasta un 30 por ciento de los excedentes del crédito del fondo solidario para suplir pérdidas ocasionadas por la gratuidad en la Educación Superior.
Las reasignaciones presupuestarias en materia educativa, expresadas particularmente en el programa 29 y 30, alertaron desde los planteles estatales, dejan sin efecto lo comprometido respecto a un fortalecimiento real de las Universidades Estatales. Particularmente, no asignan recursos adicionales para las Universidades de Aysén y O’Higgins y rebaja los montos a los nuevos centros de formación técnicas regionales. A esto se suma un importante incremento en los recursos asignados a Becas Bicentenario y Nuevo Milenio, las cuales fortalecen al sistema privado no adscrito a gratuidad.
El fallo por la ley de educación superior no dejó tranquilos a los altos cargos de las universidades estatales. La mañana de este miércoles sostuvieron una reunión con el ministro de Educación, Gerardo Varela, y mientras la autoridad repitió que el tema del lucro ya está zanjado, desde el CUECh y CRUCH se exhortó al mundo político a hacer una reposición ante el Congreso Nacional.
Presente en la comisión conjunta de Hacienda y Educación del Senado, el también presidente y vocero del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) reiteró que lo único que buscan es que el proyecto de ley establezca que las universidades estatales son, efectivamente, parte del Estado y que éste debe asumir una responsabilidad con sus instituciones.
Ya semanas de terminar el año legislativo, la duda principal es si se logrará terminar este primer fragmento de la reforma general a la educación o tendrá que seguir tramitándose con el nuevo Congreso y la administración venidera.
Tanto rectores de universidades estatales como parlamentarios emplazaron al Ejecutivo a poner sumar urgencia a la discusión del proyecto que modifica la normativa de las universidades del Estado, y que asegure financiamiento a las casas de estudio públicas “que permita no tener las zozobras que hoy día” tienen estos planteles.
