La jueza Mariela Hernández, presidenta de la asociación, subrayó que las resoluciones judiciales pueden ser recurridas ante tribunales superiores, por lo que la presentación del gobierno no se justifica.
El defensor nacional, Carlos Mora, cuestionó ante la comisión de Principios que “la dependencia del poder político de turno deja a la institución en una situación desmejorada en comparación a los demás actores relevantes en esta materia”.
Sin embargo, el Defensor Penal Público Carlos Mora se mostró en contra del lineamiento del Fiscal Nacional. “La prisión preventiva no es el camino para hacerse cargo del problema migratorio del país”, afirmó.
Luego que la comisión de Sistemas de Justicia desechara persistir en la creación de un Consejo Superior, será esta la autoridad encargada de dirigir el Ministerio Público. Dicho cargo tendrá una duración de seis años, sin posibilidad de reelección.
La muerte de una interna en la Cárcel de Mujeres de San Miguel provocó que la Corte Suprema ordenara a Gendarmería disponer de un médico permanente en el recinto penal, un fallo del Máximo Tribunal que reflejó la ausencia de políticas con enfoque de género y la precariedad del sistema penitenciario del país.
El abogado abordó la problemática que existe detrás de la ley del indulto a los ‘presos de la revuelta’, mientras espera que este debate “sirva para sensibilizar la gran relevancia que tiene el tema y podamos optar por unas medidas estructurales que permitan hacer cambios de verdad”.
Desarrollado por la Defensoría Penal Pública, este proyecto visibiliza casos de personas que injustamente han estado en prisión preventiva siendo inocentes. A través de sus testimonios, y una serie de recomendaciones y diagnósticos respecto de los procesos investigativos, la idea es poder mejorar y optimizar este tipo de medida cautelar, evitando así que inocentes estén en la cárcel.
Patricia Muñoz valora las buenas intenciones que hay detrás de los anuncios y acuerdos en torno al tema de la niñez y adolescencia. Sin embargo, subraya la idea de que no existe claridad sobre los plazos de cada una de las medidas declaradas: “Hay un tema con los tiempos que a mí me preocupa y un tema con la suficiente información para nosotros poder ejercer un efectivo control y fiscalización de los actos de la administración del Estado”, sostiene.
La Defensoría Penal Pública y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrollaron el Seminario Internacional “Justicia y Migración: Una mirada desde los derechos humanos”. Instancia en la que se evidenciaron las deudas y avances que Chile contempla en esta materia.
40 casos ha registrado el Proyecto Inocentes, de la Defensoría Penal Pública, en su primer año de funcionamiento. Gobierno, parlamentarios y abogados admiten que se necesitan mejoras.
