Branislav Marelic sale del INDH en medio de la elaboración del informe Sename. El documento, nacido de la observación de centros de internación de todo el país, contendría señalamientos a la forma en como ahí viven los niños, niñas y adolescentes de la red.
El Comando Unitario de Ex Presos Políticos expresó que incluso el bono que había prometido el ministro del Interior, Mario Fernández, no será entregado.
El funcionario del Poder Judicial, quien aseguró que los procesos eran “venganza” y no justicia, trabajaba con el ministro Mario Carroza hace menos de un año. El magistrado confirmó que se iniciará un procedimiento administrativo en contra del abogado.
A las espontáneas manifestaciones de repudio de parte de organizaciones sociales y de DDHH provocadas por el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, se han sumado una serie de repercusiones a nivel político. Mientras, expertos consultados por nuestra emisora coinciden en que el actual jefe de Estado peruano ha quedado en el peor de los escenarios de cara a lo que resta de su mandato.
A través de un sitio Web, el organismo dio a conocer la información que intercambió con otras divisiones del Estado entre 1973 y 1990. Desde las organizaciones de DD.HH. valoraron la iniciativa, sin embargo, señalaron que aún existen temas pendientes.
Según indicaron a Diario y Radio Universidad de Chile, la propuesta que podría contener definiciones en materia indígena y se dará a conocer después de las elecciones presidenciales.
Fue condenado por la desaparición de personas en el caso ‘hallazgo de Lonquén’. Además en 2010 fue declarado culpable por la muerte de dos personas, las cuales fueron arrojadas al río Mapocho.
En la declaración sostienen que Apablaza “está siendo sometido a una injusta e infundada persecución política por parte del gobierno de la República de Chile, que afecta a su respecto el derecho al debido proceso y defensa en juicio, garantizado por el art. 18 de nuestra Constitución Nacional”.
El académico y Premio Nacional de Ciencias de la Educación, fue enfático al señalar que “la educación en derechos humanos no se hace cargo de los temas críticos que nuestras sociedades están viviendo”.
Desde los distintos sectores políticos esperan que el texto aborde temáticas como el Sename y La Araucanía. Mientras que desde el Frente Amplio se considera una prioridad tocar temas relativos a la dictadura, desde la UDI esperan que el documento “contribuya a debates futuros y que no tenga su mirada en el pasado”.
Así lo afirmó el abogado de derechos humanos, quien se refirió a la trascendencia de la reciente condena dictada contra un civil por crímenes contra campesinos de Paine en 1973.
En el cuartel donde se torturó y se detuvieron a opositores a la Dictadura, hoy permanecen niños del Servicio Nacional de Menores (Sename) infractores de ley. Un recinto que a lo largo de su historia ha estado destinado al encierro de personas y que marcó una de las etapas más dolorosas del país en cuanto a la transgresión de los Derechos Humanos.
Al referirse a los temas de migraciones, el Premio UNESCO-Madanjeet Singh 2014, señaló que en nuestra historia han habido varias inmigraciones, “algunas han sido más maltratadas que otras, porque aquí opera un concepto racista que está presente en nuestra cultura; no es en todas las personas ni mucho menos, pero sí se advierte racismo contra los afro migrantes y pueblos indígenas”.
Luis Torres advirtió que cada vez existen más casos “promovidos por razones discriminatorias que afectan a personas de grupos vulnerables, como migrantes y la comunidad LGTBI”. Además, indicó que viajará este 16 de noviembre a Temuco para reunirse con los fiscales de La Araucanía en el marco de la reapertura del caso Alex Lemún.
La tensión entre el secretario de Estado y las organizaciones de derechos humanos sumó durante las últimas horas un nuevo capítulo, lo que motivó a que las agrupaciones junto a algunos parlamentarios exigieran su salida del gabinete. Frente a esto, Campos envió una misiva a Lorena Pizarro en la que explica sus polémicos dichos en torno al cierre del penal Punta Peuco.
La quema de archivos microfilmados de la dictadura, que el Ejército autorizó en democracia causó el rechazo de los abogados que participaron de la Mesa de Diálogo del año 2000. Mientras que desde el Gobierno, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, reconoció que “esto es parte de las realidades que vamos conociendo con los años”.
La mejora de las medidas de reparación, así como el secretismo en torno a la Comisión Valech I, siguen siendo temas sin resolver por parte de Gobierno de Michelle Bachelet. En ese contexto, las organizaciones acudirían a la Corte Interamericana para concretar una demanda.