El cierre de la cárcel de Punta Peuco y el rechazo a las declaraciones de ex militares marcaron la tradicional manifestación de las organizaciones de DD.HH. “La impunidad en Chile permite que tengamos Fuerzas Armadas que no se democratizaron”, dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
Un grupo de cien víctimas de la dictadura cívico militar presentó dos recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pretenden que la Presidenta Michelle Bachelet se pronuncie sobre el “silencio administrativo” del Estado, que nunca notificó de manera formal los motivos por los cuales quedaron sin reparación.
¿Quién es la mujer que supuestamente le pidió a Ricardo Lagos mantener en secreto los testimonios de víctimas de tortura? Nunca se dio una pista siquiera de quién podría ser. Respecto del ocultamiento de la historia completa de violación a los Derechos Humanos, los mayores antecedentes que existen son acerca de la pasividad política por aportar a la transparencia.
Tres meses han transcurrido desde que las organizaciones se tomaran la sede central del organismo exigiendo mejores pensiones y el levantamiento del secreto de la Comisión Valech I. Acusan que la entidad no se ha posicionado como actor relevante en la defensa de sus solicitudes al gobierno.
Las organizaciones realizan un balance sobre cuánto ha avanzado nuestro país en verdad y justicia, concluyendo que lo hecho hasta ahora no es suficiente.
La presidenta de la Comisión de DDHH del Senado Jacqueline van Rysselberghe, volvió a dilatar la votación del proyecto que permitiría que los tribunales de justicia accedan al contenido del secreto informe. Es la quinta vez que la líder gremialista obstaculiza el avance del documento que cuenta con suma urgencia legislativa.
El hijo del Edecán junto con el abogado Eduardo Contreras, lideran una iniciativa inédita: que la justicia chilena tipifique como un crimen de lesa humanidad un asesinato ocurrido antes del 11 de septiembre. De esa forma podrán levantar la prescripción y reabrir el caso para encontrar a los verdaderos responsables del asesinato del Edecán Naval Arturo Araya.
Casi 35 años después del último golpe, el presidente Evo Morales instaló este lunes una comisión de la verdad para investigar las violaciones a los DD.HH. cometidas durante los gobiernos militares en los años 60, 70 y 80. Las ONGs esperan un “resarcimiento integral” a las víctimas y la verdad histórica.
El general en retiro enfrentó un nuevo careo como parte de las indagatorias que investigan delitos de torturas en el regimiento Arica de La Serena en 1973. Esta vez llegó a declarar Luis Ravanal, quien reconoce al ex uniformado como autor de crímenes de lesa humanidad.
Después de conocerse las cuantiosas pensiones de invalidez entregadas a ex oficiales y generales de las Fuerzas Armadas, Radio y Diario Universidad de Chile elaboró los prontuarios de aquellos ex funcionarios que actualmente reciben estos aportes irregulares y que fueron condenados por la Justicia por cometer crímenes de lesa humanidad.
El Comité de Ministros aprobó por unanimidad la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sobre el nuevo relleno sanitario que se instalaría en la comuna de Til Til, en la Región Metropolitana. Las autoridades locales y vecinales calificaron la decisión como un atropello a los derechos humanos de los vecinos.
La Corte de Apelaciones de Santiago determinó de forma unánime que el Ejército deberá entregar los nombres de los ex agentes de DINA y la CNI que ascendieron al grado de general entre el 2002 y 2016.
El proyecto de ley, impulsado por el DC Jorge Sabag, propone penas sustitutivas para condenados que se encuentren con enfermedades terminales.
Por unanimidad, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta decidió respaldar al empresario y pidió la asistencia del Canciller de Chile, el Embajador de EEUU y el Jefe de Interpol en Chile la próxima semana en la siguiente sesión para tratar el caso particular de Cardoen.
Para el oficialismo chino era un “criminal”. Para los defensores de los derechos humanos, su gran esperanza de una vía democrática. Queda la duda de si el tumor por las malas condiciones médicas generalizadas en las cárceles chinas se trató, como sospechan algunos disidentes y defensores de los derechos humanos, de una negligencia voluntaria
Tres días de diligencias se realizarán durante la próxima semana en el marco de la investigación que acusa al militar retirado como autor de torturas a presos políticos tras el golpe de Estado de 1973.
La legislación vigente genera, dentro de los expertos, serias dudas sobre las garantías procesales con que se llevan los casos en los que se aplique. Con una serie de normas extraordinarias, la Ley Antiterrorista se ha ganado los cuestionamientos de una comunidad internacional que no concibe la escasa rigurosidad de la polémica legislación.
