En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos se refirió a la ofensiva por la impunidad ejemplificada en la reciente liberación de siete condenados por crímenes de lesa humanidad.
En 1978, el Arzobispado de Santiago convocó a la celebración del año de los Derechos Humanos. Al llamado, reaccionaron distintos artistas visuales, lo que permitió que se presentaran diferentes exposiciones. Sin embargo, hoy, los detalles sobre estos actos de solidaridad son escasos, sobre todo, porque las piezas reunidas en el proceso permanecen divididas y bajo cuatro llaves.
En concreto, los hechos denunciados ocurrieron el pasado domingo 15 de octubre de 2017, donde cinco funcionarios de carabineros se abalanzaron sobre un joven de 25 años, su padre y abuelo.
Una vez más la incesante búsqueda de la organización ha dado resultados: anunciaron que lograron encontrar al nieto número 128, quien había sido secuestrado con solo cinco meses de vida en la provincia de Tucumán, siendo así el segundo encontrado en esa zona.
La polémica por la liberación de siete criminales de lesa humanidad está lejos de acabarse. Mientras el gobierno declinó condenar los fallos de la Corte Suprema, diputados de oposición buscarán acusar constitucionalmente a los ministros implicados en las resoluciones. Defensores de derechos humanos denuncian que con la medida de la Corte se viola el Estatuto de Roma.
Organizaciones de derechos humanos se manifestaron este miércoles en Tribunales. En la ocasión, entregaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la que manifestaron la incongruencia entre la libertad condicional otorgada a violadores de derechos humanos, y los convenios y acuerdos que Chile ha firmado en la materia.
Los beneficiados se encontraban recluidos en Punta Peuco y Colina 1. La decisión ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos, de hecho, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos convocó para este miércoles 1 de agosto a una manifestación en Tribunales.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos se suma a la que presentará la Coordinadora Feminista en Lucha ante el Ministerio Público, y a la querella anunciada por el Gobierno contra quienes resulten responsables.
Este martes, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos realizó el Seminario Justicia transicional y pueblos indígenas: invisibilización como víctimas de la dictadura. Durante la actividad, participaron diferentes exponentes, quienes colocaron en discusión cómo la dictadura afectó a las comunidades originarias del país.
En conjunto a otras organizaciones elaboraron un documento que cuenta con 16 principios para la ejecución de visitas, los que tienen como objetivo común velar y asegurar la dignidad y el respeto de los derechos humanos de las reclusas.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, es un avance, sin embargo, no deja de ser contradictorio, pues muchos de los militantes de la colectividad han promovido la impunidad de los criminales de la dictadura.
Su apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura, y su persistencia en la búsqueda de justicia por el asesinato de su hermano, Orlando Letelier, le valieron el reconocimiento.
Máximo Tribunal finalmente revocó desafuero contra el diputado UDI, Ignacio Urrutia, tras calificar como “terroristas con aguinaldos” a ex presos políticos en una sesión de la Cámara Baja en abril pasado.
La hija del ex Presidente Eduardo Frei Montalva emplazó además a la institución castrense para que dé a conocer antecedentes y aporte a la investigación judicial que este jueves entró a la etapa de plenario donde se presentan las últimas pruebas de los querellantes en la causa por el eventual asesinato del ex mandatario.
El enclave alemán sirvió como centro de torturas de la Dirección de Inteligencia Nacional y según los informes, más de 100 personas desaparecieron en ese recinto del sur de Chile.
En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales admitió que existe un sesgo por parte del Estado y un sector político que impide una real modernización del poder central, lo que también dificulta avanzar en soluciones para las personas.
El ex coronel del Ejército, Juan Eduardo Rubilar Ottone, más conocido como “Capitán Lira”, fue detenido por la PDI al interior de un supermercado en Pucón. El ex CNI estaba prófugo desde el 2015, por una causa de homicidio que lleva el ministro Mario Carroza.
