Desde el Partido Comunista acusaron un “letargo” del secretario de Estado para conducir este debate, mientras que en la Coordinadora No+AFP aseguraron que los dichos de Valdés reflejan el miedo del Gobierno a impulsar transformaciones profundas al sistema de AFP
Ambas organizaciones señalaron que la prueba es discriminatoria y que no refleja el proceder de los profesionales en el sistema público. “Es una barrera al médico extranjero para proteger al médico chileno que no quiere ejercer en hospitales”, señaló Manuel Araneda, vocero de la Asociación.
La polémica suscitada a propósito de la desvinculación de cerca de 300 médicos extranjeros en el país, a causa del Examen Único Nacional de Conocimientos en Medicina, ha vuelto a poner sobre la mesa el problema sanitario que arrastra Chile: una carencia sistemática de profesionales médicos, falta de hospitales, insumos y recursos.
Críticas desde el mundo sindical generó la decisión de la CUT de seguir aplicando el sufragio indirecto para la repetición de las elecciones de directiva nacional en abril próximo. “Lo único que se hizo aquí fue garantizar la continuidad en sus cargos de quienes van a postular nuevamente a la dirección nacional de la CUT”, acusó Esteban Maturana, dirigente de la Salud Municipal.
Por estos días la CUT está llevando a cabo un Congreso Nacional Ampliado, marcado por el debate en torno al voto universal para la elección de la directiva de la multisindical. Mientras algunos argumentan que no hay tiempo para hacer tal cambio, otros lo exigen luego de la polémica elección de 2016.
Como “falaz y engañoso” calificó el abogado Roberto Ávila el argumento de la Asociación de AFP que fundamenta el recurso presentado por el gremio para pedir el sobreseimiento del proceso abierto en su contra por las millonarias pérdidas que registró el Fondo E en noviembre del años pasado. “Hay una opacidad completa respecto del portafolio de inversiones de las AFP”, aseguró el jurista.
Uno de los voceros de la coordinadora, Esteban Maturana, indicó que este año mantendrán su llamado a desafiliarse de las AFP’s Cuprum y Provida, además de seguir movilizados por el cambio del sistema.
Funcionarios públicos aseguraron que frente a eventuales intentos de regulación de la negociación colectiva o el derecho a huelga, los cuales ejercen de facto ya que no están consagrados en las leyes, prefieren seguir en el estado actual ya que de ser integrados a la normativa que rige a los sindicatos privados perderán poder de negociación.
Desde las organizaciones de trabajadores del Estado repudiaron los descuentos a sus salarios que se les están aplicando a las funcionarias de la Junji, cuestión que calificaron como “violencia hacia la mujer” y una forma de castigo hacia quienes participaron de las movilizaciones por el reajuste al sector público.
Organizaciones sociales cuestionaron las reales posibilidades del Ejecutivo de aprobar las reformas consideradas emblemáticas y prioritarias por el oficialismo. Desde la falta de piso político hasta la real voluntad de cumplir con el Programa en lo que queda de administración, fueron puestas en entredicho.
Ante el rechazo de la Contraloría de cuatro licitaciones de recintos públicos de salud, la presidenta del regional Santiago del Colegio Médico, doctora Izkia Siches, sostuvo que “quizás hay que pensar en una oficina central que pueda distribuirse a lo largo del país para apoyar las unidades locales que tienen que licitar estos centros”.
Con votos de la derecha y la abstención del PC, el ministro Rodrigo Valdés impuso el 3,2 por ciento de reajuste al sector pùblico, poniendo fin a semanas de discusiones sobre el tema. Desde la Mesa del Sector Público calificaron como “vergonzoso” el actuar del Gobierno.
